Es una anécdota, pero como sucede en muchas ocasiones, se convierte en paradigma de una realidad que no por repetida es menos sorprendente. Cuentan que en una visita a la floreciente Costa del Sol de finales de los sesenta, el ministro de Información y Turismo de Franco Alfredo Sánchez Bella se escandalizó ante la contemplación de una barrera de edificios que visualizaba desde el Palacio de Congresos de Torremolinos y que, naturalmente, le impedían ver el mar.

Irritado y con evidente indignación preguntó quién había hecho todo eso y quienes eran los responsables de haberlo permitido. De entre el desconcertado séquito de lamelames que solían acompañar en la época a los ministros franquistas (¡qué poco han cambiado las cosas desde entonces!) surgió una voz que discretamente le respondió: «Nosotros mismos, señor ministro». Dicen que el ministro pasó directamente a otro asunto con gran desparpajo.

El cinismo y la hipocresía con los que se manejaban la mayoría de los asuntos en el franquismo han alcanzado cotas sublimes durante el régimen autonómico andaluz del que a veces olvidamos que va camino ya de igualar el tiempo (por fortuna) que duró la dictadura. Y uno de los campos en los que la desfachatez ha sido más evidente durante todos estos años ha sido el del urbanismo y la ordenación de territorio. Desde hace años apenas pasa un día en el que no se escucha la denuncia desde el poder de las más diversas actuaciones urbanísticas y la demonización de la denominada industria del ladrillo, causante de los mayores males conocidos, desde la actual crisis al cambio climático.

Pero si el vilipendiado ladrillo ha sido esencialmente insostenible, retrógrado y codicioso lo ha sido gracias a que se ha desarrollado bajo la tutela legal y la gestión de unos gobiernos controlados hasta el último eslabón por quienes ahora aparecen rasgándose las vestiduras por sus males creados. La nueva consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, una mujer inteligente y con criterio, anunciaba esta semana con rotundidad que en ningún caso habrá amnistía para las viviendas ilegales. Cruz lleva varios lustros como responsable directa o colateral de la ordenación territorial andaluza y ha coparticipado en todo el andamiaje sucesivo de la legislación que ha permitido la construcción de esas ilegalidades que dice que no se van a amnistiar.

Sin embargo, justo al día siguiente de que sus afirmaciones fueran públicas, PSOE -su partido- y PP decidían legalizar varios cientos de viviendas en Jaén construidas fuera del ordenamiento urbanístico en vigor. Su consejería anda en estos momentos resolviendo en silencio conflictos de este tipo provocados por ayuntamientos gobernados por el PSOE en cuyos territorios se han construido miles de viviendas saltándose las leyes elaboradas por ellos mismos y sorteando -la mayoría de las veces con la pasividad o complicidad de la autoridad urbanística de la Junta- los controles para aplicar esa legalidad.

Tal vez Josefina Cruz quiera que se olvide cómo desde la Consejería que ahora dirige, y en la que en ese momento ocupaba un alto cargo, se cifró, por ejemplo, en más de 30.000 las viviendas ilegales construidas en Marbella, la mayoría de las cuales deberían ser demolidas por ser ilegalizables. Pero ese condicional del olvido se convierte en definitivo cuando se recuerda que es precisamente esa consejería la que ha legalizado casi la totalidad de esas viviendas en el plan impuesto por la Junta, la misma -junto al Ayuntamiento del PP- que anda buscando resquicios legales para sortear sentencias firmes de demolición. Y podríamos hablar del Algarrobico, de Almanzora, de la costa de Cádiz…

Todas, absolutamente todas las ilegalidades, irregularidades y tropelías urbanísticas que se han producido en las últimas décadas en Andalucía tienen una última responsable: la Junta de Andalucía. Por eso, a Cruz no le ocurrirá nunca lo que a Sánchez Bella: ella nunca preguntará quien es el responsable de todo esto, porque lo sabe muy bien.