El pasado 25 de octubre por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) presentó una querella contra José Antonio Griñán y sus consejeros por prevaricación y por «abusar» de su cargo y aprobar un decreto-ley para «colar por la puerta de atrás a todo el personal no funcionario que, sin oposición, concurso o competencia presta sus servicios» en la administración paralela de la Junta. La querella ha originado una primera decisión del TSJA incoando diligencias y nombrando ponente al magistrado Jerónimo Garvín Ojeda. Recuérdese que el propio SAFJA y el PP han recurrido el decreto del “enchufismo”.

Para SAFJA, Griñán y su gobierno han actuado en «fraude de ley», al hacer uso de un decreto ley para aprobar «de forma urgente» la reordenación del sector público, «hurtando así la posibilidad a los ciudadanos y a los sindicatos de recurrir en lo contenciosos administrativo» las decisiones de la administración que «nos afectan». El TSJA ha iniciado las pesquisas a pesar de que la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Presidencia, Mar Moreno, se mostró segura de que no iba prosperar. «La querella se ha interpuesto con una clara intencionalidad política. No nos inquieta en absoluto desde el punto de vista jurídico, porque simplemente va a formar parte del ruido y de la desinformación que se está produciendo en torno al sector público andaluz hasta que se archive», señaló el pasado 26 de octubre.

La letrada de la Junta de Andalucía pidió personarse en las «diligencias indeterminadas» abiertas por el TSJA en relación con la querella por prevaricación contra Griñán y sus consejeros.

Marginación de los sindicatos que tienen la mayoría en la Junta

El acuerdo de la Junta con UGT y CC.OO tiene otro elemento relevante y es que ha marginado a todos los sindicatos que tienen la mayoría en la Junta de Andalucía. Y por si fuera poco, cuando se produzca la incorporación de los 35.000 trabajaadores de la Administración paralela a la Junta de Andalucía como laborales “de agencia”, CC.OO y UGT pueden convertirse en los sindicatos mayoritarios dada la presencia de sus afiliados entre estos contratados. En Egmasa por ejemplo, empresa de la Junta afectada por este decreto, la afiliación a UGT es del 80 por ciento.

Por ello, CSIF baraja ahora «presentar una querella criminal» contra la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo por haber planteado el debate de dicha norma fuera de la Mesa de la Administración Pública, en la que CSIF es el sindicato con una mayor representación. «Si hace falta presentaremos una querella contra la consejera por sacarnos de la negociación», afirmó ayer el presidente de CSIF, Rafael Hurtado.