Como si de un aluvión se tratara, las adjudicaciones de la TDT en Canarias van desvaneciéndose a medida que los Tribunales van pronunciándose sobre la legalidad del reparto que se produjo con el Decreto 377/2007, de 16 octubre, por el que se adjudican las concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre, de ámbito local, con cobertura municipal o insular.

Por quinta vez en lo que va de curso judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de nuevo ha dictado una Sentencia anulatoria de las concesiones de la TDT que afecta, en este caso, a la isla de Gran Canaria.

La Asociación (ONG) Ojos Solidarios, ha sido la impulsora de este procedimiento judicial número 867/2007, y a pesar de ser adjudicataria en la demarcación de Mogán, presentó el recurso judicial por entender que también debía de ser concesionaria en toda la isla de Gran Canaria. Área de cobertura donde realiza su actividad audiovisual junto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Una vez más el texto del fallo no puede ser más determinante en su redacción, al establecer que “la declaración de nulidad de pleno Derecho del Decreto 377/2007 supone su abrogación del mundo del Derecho, en el cual únicamente pudo revestir una mera apariencia de legalidad en tanto no resultó formalmente anulado”. Y nuevamente se manifiesta por el Tribunal que “es también doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que la eliminación del acto impugnado en vía jurisdiccional da lugar a la desaparición del presupuesto necesario para la formulación de pretensiones que pudieran ser objeto de ulteriores recursos, de suerte que no resulta viable hacer pronunciamientos sobre aspectos del contenido de un acto que ha desaparecido del mundo jurídico por virtud de la sentencia anulatoria”.

Estas citas ya se están haciendo comunes en el sector audiovisual canario de modo que es más que probable que subsiguientes sentencias que faltan por salir tengan una lectura similar al respecto. Así, el Fundamento Jurídico Segundo del pronunciamiento judicial cierra el razonamiento afirmando que el acto de adjudicación anulado “produce efectos no sólo para las partes, sino también para todas las personas afectadas”.

Esta nueva anulación sitúa a todos los licitantes en el momento anterior a la valoración de los proyectos técnicos por la Mesa de contratación, con las consecuencias jurídicas de no tener por concesionarios a las empresas que ganaron las licencias televisivas en el 2007.

Los defectos que la administración ha tenido en el expediente de contratación pública de la TDT están repercutiendo en la calidad de la oferta televisiva, puesto que las emisoras no van a invertir en programación propia y de proximidad si carecen de cobertura legal. De este modo, el espíritu del Plan Técnico de la TDT Local se ve mermado a favor de contenidos generalistas que no potencian las señas de identidad de la zona de cobertura.