E.M.- El hombre designado para hacer del rey Melchor en la cabalgata del próximo 5 de enero, Fernando Fabiani Romero, fue acusado por su hija de haberla sometido a supuestos abusos sexuales cuando ella tenía entre 7 y 9 años, en una denuncia que la juez Mercedes Alaya archivó definitivamente en enero de 2000 al considerar, según desveló la Cadena Ser, que había prescrito y que además no revelaba “sin lugar a dudas una conducta atentatoria contra la libertad sexual de la menor”.

Pero el conocimiento público de esta denuncia, aunque archivada, le ha costado el puesto de rey Melchor a Fabiani Romero, que es adjunto a la presidencia del Ateneo de Sevilla y jefe de la Unidad de Gestión de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Tras más de dos horas de reunión urgente, el presidente de la junta directiva del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, anunció en torno a las 22 horas que acordaban “aceptar la renuncia” de Fernando Fabiani Romero a encarnar a Melchor.

‘Dañar a la institución’

El presidente dijo que Fabiani les había justificado su renuncia en que no quería “dañar a la institución”. En realidad, tanto Fabiani como sus compañeros de la directiva del Ateneo, según supo este diario, acudieron a la reunión con la intención de mantenerse y mantenerlo en el puesto, pero conforme se prolongaba el debate se hacía cada vez más evidente que estaban sopesando el impacto de la noticia y que podrían cambiar de idea, como así ocurrió. Pasada una hora de reunión, el cuestionado se marchó para dejar que sus colegas decidieran. En las escaleras, dijo a este periódico sobre la denuncia de su hija ahora revelada: “No contesto a denuncias falsas”.

El presidente del Ateneo explicó que es la primera vez que un rey mago renuncia desde que lo hiciera en 1918 Javier Lasso de la Vega por razones que no mencionó, y anunció que decidirán en los próximos días el sustituto. Añadió que no habían tratado la cuestión de si Fabiani Romero renuncia también como número 2 del Ateneo. Una persona de su confianza dijo que el químico está «destrozado» y enmarcó la denuncia de su hija en el conflicto familiar por su separación, hace tres lustros.

La juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6, dictó, como consta en la documentación publicada en la web de la Ser, un primer auto de incoación y archivo el 22 de noviembre de 1999, cuando la menor denunciante tenía 15 años. El fiscal Carlos Bedate recurrió el 21 de diciembre de ese año el archivo «prematuro» de la denuncia y solicitó que se hiciera una nueva exploración a la menor «para que amplíe y concrete en qué consistieron las presuntas agresiones sexuales (…) toda vez que en la denuncia interpuesta constan en términos muy confusos».
Cuando la niña tenía 7 o 9 años

También preguntó el fiscal si le constaba al Juzgado de Familia 6, que había tramitado la separación de Fernando Fabiani y el régimen de visitas de su hija y su hijo, si tenía un informe de la psicóloga Carmen Moya Fernández-Piedra que relataba la presunta agresión sexual y que «presuntamente fue dirigido a un Juzgado de Familia en 1994», que no apareció. Pero la juez Alaya (que se ha hecho conocida por instruir los casos de Mercasevilla y el Betis) desestimó el recurso del fiscal en un auto del 25 de enero de 2000, en el que usaba dos argumentos. Uno, que de la denuncia de la adolescente no se podía derivar, «ni siquiera indiciariamente, una conducta claramente atentatoria contra la libertad sexual de la menor, sino más bien una conducta paterna inadecuada», y dos, «que es lo que justifica fundamentalmente no iniciar la instrucción de los hechos, que los mismos de constituir abusos sexuales estarían prescritos al amparo del artículo 131 en relación con el artículo 33.3 del Código Penal», pues habrían sucedido cuando la niña tenía entre 7 y 9 años y en el momento de la denuncia tenía 15.

El otro hijo del primer matrimonio del denunciado apoyó a su hermana y compareció ante el fiscal jefe de entonces, Alfredo Flores, el 21 de febrero de 2000, para decir que el archivo no era justo, que su hermana estaba recibiendo tratamiento psicólogico y que si en 1995, «cuando se puso en conocimiento de un Juzgado lo que estaba ocurriendo», se hubiera investigado la denuncia, «no se hubiera dado lugar a la prescripción».

La Ser, que tiene la denuncia de la menor pero no la ha publicado, afirma que lo que describió estaría calificado hoy en el Código Penal como violación, pero no entonces, cuando la juez lo consideró sólo «conducta paterna inadecuada». El tocamiento vaginal con penetración manual es uno de los supuestos que el Código Penal califica hoy como violación y antes como abusos.