Ya la proclamación o elección del nuevo Presidente de la Generalidad, Torra, con el voto delegado de dos huidos de la justicia, Puigdemont y Comín, y de presos sin la más mínima cobertura legal, hacían presagiar lo que se os venía encima.

A ello hay que añadir el acto de toma de la toma de posesión de Torra, un auténtico esperpento, radicalmente ilegal, y nulo de pleno derecho, por no haberse observado las formalidades establecidas legalmente.

Ya con anterioridad a la toma de posesión, el presidente del Parlamento catalán, que también apunta maneras, remite vía email un “simple comunicado” del resultado de la votación al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.

El protocolo establece que el presidente del Parlamento debe acudir ante el Jefe del Estado, para dar cuenta del resultado de la elección, pero en una muestra más del desprecio más absoluto a los requisitos establecidos en el funcionamiento de las Instituciones.

El escenario de la toma de posesión y el juramento de Torra traspasan las más elementales reglas y requisitos de la legislación vigente.

El artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los candidatos, antes de tomar posesión del cargo correspondiente, deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, y éste precepto obliga también a las Comunidades Autónomas, como es Cataluña.

Torra ni siquiera jura “por imperativo legal”, que fue la fórmula utilizada por los miembros de Bildu, y de otros cargos electos independentistas, siendo avalada esta fórmula por los Tribunales.

En el caso que nos ocupa, el matiz es diferente. Torra ni jura ni promete “por imperativo legal”. Simplemente proclama su fidelidad “al 1 de Octubre y al pueblo de Cataluña”, (pero no a todo el pueblo catalán, solo a los catalanes independentistas), aunque más bien parece un perrito faldero de Puigdemont, un hombre sobre cuya estabilidad mental tengo serias dudas.

Pero abundando más en el juramento de Torra, sus declaraciones públicas de implantación de la república catalana, etc., dejan bien claro que su juramento es nulo de pleno derecho, o cuando menos, anulable, y este acto administrativo debería haber sido impugnado por la Abogacía del Estado, que para algo está, vamos, digo yo.

El escenario de la toma de posesión sin la Bandera Nacional presidiendo el acto, ni el retrato del Jefe del Estado, simbolizan claramente un total alejamiento del Estado español, que queda aun más acreditado por la ausencia de un relevante miembro del Gobierno de España, que debería haber sido el presidente del Gobierno, o por delegación del mismo, la “gobernadora general de Cataluña, ex. Art. 155 de la Constitución”, la vicepresidenta del gobierno.

Terminaré con una conclusión: el Gobierno de M. Rajoy tenía que haber impugnado el voto delegado de los políticos huidos, así como el juramento, por no atenerse a la legalidad vigente, y el Jefe del Estado –que supongo estará para algo-, no tendría que haber validado este esperpento, que pone de relieve el deterioro de nuestro sistema democrático.

*Jurista y secretario general del sindicato Manos Limpias