Jaime Díez.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha notificado la sentencia número 1565 de 2014, por las que se declaran nulas todas las concesiones de la TDTL en Andalucía.

Tras la tramitación del procedimiento en todas sus fases, el fallo obtenido por la entidad Producciones Televisivas Onda Mar Almería S.L., ha terminado por anular un nuevo reparto. Concretamente el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 29 de julio de 2008, por el que se resuelve el otorgamiento de las concesiones de TDTL para su gestión por particulares.

Las razones que esgrime el Tribunal son bastante concluyentes en su exposición y reprocha que la Junta de Andalucía procediera a adjudicar unas licencias teniendo conocimiento de las sentencias que anulaban algunas bases del concurso y varios artículos del Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía.

De este modo, no será posible retrotraer los efectos al momento anterior de la valoración, como ocurre en los casos de Canarias y Valencia, sino que será necesario convocar un nuevo concurso. Así se deriva del texto del Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia donde se plasma que no es posible adjudicar en 2008 en base a una normativa declara nula el 2007.

En la actualidad hay más de 20 recursos que tendrán el mismo destino: anulación de las licencias, en base al principio de unidad de doctrina. Ahora, Andalucía se suma a las CCAA (Canarias, Valencia, y Galicia) donde las empresas adjudicatarias están en la misma incertidumbre que las que no lo fueron, ya que todas están desprovistas de licencias para emitir.

MATILDE SANTIAGO COSSI, LA MUÑIDORA, ACUSADA DE FALSIFICAR ACTAS DE INSPECCIÓN

Matilde Santiago Cossi

El supuestamente fraudulento otorgamiento de las licencias de TDT en Andalucía empezó a tener consecuencias en abril del 2011. Fue presentada entonces una querella por falsificación de actas de inspección y falsedad en documento público contra la ex directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Matilde Santiago Cossi y contra el jefe del servicio de Inspección, Sergio Pascual Peña.

Los hechos que motivaron esta querella se remontan al 5 de septiembre de 2008, cuando la mesa de contratación encargada del otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de Televisión Digital Terrestre en Andalucía, presidida por Matilde Santiago, exclutó en primera instancia a la productora Proser S.L., cuya solicitud para el otorgamiento de licencia fue presentada por José Luis Moreno del Rosal. Adujo la mesa de contratación que “la escritura de modificación del objeto no se presentó a inscripción en el Registro Mercantil con carácter previo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitiudes”, según se explicita en el documento oficial que obra en poder de AD.

Lo que posiblemente ignoraban los miembros de la mesa de contratación era que Proser SL era la encargada de distribuir la señal a Localia y que se trataba por tanto de una empresa muy ligada al partido socialista en Andalucía. Aclaradas dichas afinidades ideológicas, los responsables de las adjudicaciones tuvieron ocasión de enmendar ‘errores’ y resarcirse así con el partido. Sólo unos meses más tarde, durante la segunda apertura de sobres, Proser SL sería una de las empresas beneficiadas por la Junta de Andalucía para la explotación de televisiones digitales terrestres, un hecho sin precedentes que, en opinión de fuentes jurídicas relacionadas con el asunto, arrojan “clarísimos indicios” de un presunto delito de prevaricación y cohecho.

Además de Matiulde Santiago y Sergio Pascual, la mesa de contratación estuvo formada por Carmen Arias Aragón y Rafael García Barranca Ferraro, representantes de la Intervención General; Inmaculada Romero Carbajo, del gabinete jurídico; Guillermo Rodrigo Vila, de la secretaría general técnica; Carlos Escandón Moret, jefe del servicio de Radiodifusión; Fernando Hernández de la Torre Bustillo, jefe del servicio de Normativas e Informes y Auxiliadora Honorato Chulián, asesora técnica de la Dirección General de Comunicación Social.

A la luz de estas nuevas presuntas irregularidades y de las actuaciones legales ya emprendidas, algunas fuentes hicieron un llamamiento a posibles empresarios audiovisuales interesados en la adquisición de las licencias que algunos de los adjudicatarios han puesto a la venta (en muchos casos por falta de liquidez económica) para que se abtengan de efectuar estas operaciones de compra. Aseguraron entonces premonitoriamente que los tribunales de Justicia terminarán invalidando el proceso de concesiones de licencia de TDT en Andalucía y que, de forma inevitable, tendrá que efectuarse “un nuevo concurso público que prime el interés general y no sólo el de los socialistas andaluces”.

Recalcaron asimismo que los responsables de los otorgamientos de licencias tienen ante sí un horizonte legal “nada halagüeño” y confían en que los órganos judiciales corrijan “a la mayor brevedad” los principios de libertad informativa y de igualdad ante la ley que la casta política andaluza ha quebrantado “de forma notoria”.