Unos 500 bolivianos cruzan cada día las puertas del aeropuerto de Barajas para «hacer turismo» en España, según fuentes policiales. Las supuestas playas y las rutas rurales son sustituidas a los pocos días de la llegada por trabajos de tercera en la construcción, el servicio doméstico y la agricultura. Son parte de la legión de inmigrantes irregulares -en torno a un millón de personas según el último padrón oficial- que continúan eligiendo nuestro país y que se cuelan en aviones, trenes y autobuses por fronteras en las que no hace falta jugarse la vida.

Barajas y El Prat son la cara del aire; La Junquera, la de la tierra. Las otras, en cambio, los puertos, son los límites visibles del drama, del riesgo, la miseria y la inmigración incontrolada. No obstante, los cayucos y las pateras, con sus imágenes de aldabonazo, sus 25.000 «sin papeles» a cuestas y el rifirrafe político que desencadenan no suponen ni un cuatro por ciento del total de clandestinos que entran cada año.

Viajan «con la lección aprendida»

De Barajas se dice que es un colador pero nadie se atreve a proporcionar datos fiables. Cualquiera a quien no se exija visa, con su pasaporte en regla y unos 300 euros pasa; a veces se piden las reservas de hotel. El aeropuerto cuenta ahora con un plus de seguridad, pero no con un plus para ilegales. «Los verificadores de documentos ya discriminan entre papeles auténticos y falsificados, aunque casi todos los inmigrantes los tienen en regla porque viajan con la lección aprendida», señalan fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

«La mayoría de países sólo llevan a cabo el control documental y como mucho el económico, y el que viene para quedarse trae dinero aunque no lo tenga», reiteran desde Extranjería. Es imposible otro tipo de examen. Ni hay funcionarios suficientes ni tiempo ni medios. Barajas cuenta con quince filtros o puestos de control. La terminal uno y la dos se reparten cinco, con unos 23 policías, y otros diez se han instalado en la T-4 con 50 funcionarios al frente. Menos de 80 agentes distribuidos en cinco turnos, según datos del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Madrid. A su juicio, «la plantilla es insuficiente» -el total del aeropuerto asciende a unos 430 policías- «y sería necesario casi duplicarla para ejercer un control efectivo». Con estos mimbres, una vez que a un extranjero se le coloca el sello en su pasaporte, se acabó la barrera.

Se sabe a cuantos extranjeros se rechaza -8.446 personas, la mayoría suramericanas, han sido interceptadas en los aeropuertos españoles hasta finales de agosto y devueltas a sus países, según datos de Interior-, pero no cuántos entran. La Policía calcula que cerca de un millar de inmigrantes atraviesan cada día sus filtros para quedarse, con los bolivianos a la cabeza, seguidos de venezolanos y paraguayos.

El SUP de Madrid va mucho más allá en sus cifras: entre 800 y 1.200 bolivianos atraviesan a diario el aeródromo madrileño, cerca de 3.000 clandestinos cada 24 horas. La media de nuevos empadronamientos en los últimos cuatro años es de 600.000 extranjeros.

Los retornados, una minoría

Muchos de los supuestos bolivianos son, en realidad, ecuatorianos, y algunos que dicen ser venezolanos proceden de Colombia. Ni a los ciudadanos de Bolivia ni a los de Venezuela se les exige todavía visado para entrar en España como turistas durante tres meses y esa es la treta de la que se valen otros suramericanos. Con Quito y Bogotá surtió efecto, al menos momentáneo. Los datos oficiales confirman lo que es un secreto a voces. El padrón de 2005 daba fe de que los bolivianos habían aumentado casi un 80 por ciento; en el último también encabezaban el mayor incremento relativo: más de un 35 por ciento.

Los retornados, es decir, los que no pasan el filtro de los aeropuertos, son una minoría. «O carecen de los requisitos documentales o bien no justifican el motivo de su viaje». En estos últimos casos la clave está en la sagacidad del policía, aunque el factor lotería no es desdeñable. «Llega gente con apariencia sospechosa; otros se ponen nerviosos y se delatan a sí mismos», apuntan policías de Extranjería.

En el discurso de la inmigración sólo hay un punto de acuerdo: la mayoría de «sin papeles» sigue llegando por los aeropuertos (con rostro visible de suramericanos) y la frontera de Francia por el paso de La Junquera (ciudadanos del Este). Frontera, por llamarla de alguna manera, porque en realidad no existe desde el acuerdo Schengen de hace una década. «No está permitido hacer controles fronterizos fijos, sólo controles móviles de seguridad, aleatorios», detalla un agente de la Comisaría General de Extranjería. Establecer filtros fijos equivaldría a cerrar la frontera y esto es imposible.

Los centenares de búlgaros y rumanos, entre otros, que llegan por esta vía como turistas, sin necesidad de visado, lo saben. Viajan en autobuses, en coches particulares y en furgonetas piratas. La mayoría lo consigue. En caso de que los policías detecten anomalías en la documentación son devueltos a Francia (por miles, según las cifras de readmisiones de los últimos años) aunque la mayor parte encuentra otros caminos. Prats de Molló-Camprodón, Costoja-Maçanet de Cabrenys, Las Illas-La Vajol son algunos de los pasos pirenaicos conocidos y explotados por los aspirantes a quedarse en España. Sólo los rumanos se incrementaron el año pasado en 64.000 personas, según el padrón. La frontera real está en Austria; salvada esa, España aguarda.