Este fin de semana, hará seis años de la aprobación de la reforma de la ley de divorcio, con nocturnidad, y… alevosía. Todavía recuerdo aquel día, el locutor de televisión estaba contándonos como iba aquello que tópicamente-típicamente denominan año tras año “operación retorno”, que si retenciones, que si muertes, que si este año ha aumentado el número de turistas,… Era el mes de septiembre del año 2004, cuando de repente empezaron a hablar de un asunto que me hizo sentir especialmente sorprendido: ¡No me lo podía creer, estaban diciendo que el Gobierno tenía intención de presentar en el Parlamento un “anteproyecto” para reformar el Derecho de Familia!

Una vez recuperado de la sorpresa, comencé a darme cuenta de que hablaban de acortar los plazos para poder acceder al divorcio, de eliminar la “causalidad”, hablaban incluso de equiparar a los homosexuales con el resto de la población respecto a derechos como el de adopción, etc. Y de pronto nombraron lo más esperanzador: Hablaban de custodia compartida de los hijos tras la ruptura de la pareja.

Y entonces me dije (incauto de mí) “Ha llegado la revolución Sègoléne Royal”. Dirán ustedes que ¿de qué estará hablando este señor? Pues muy sencillo: estoy hablando de la Ministra de la Familia y la Infancia (socialista) de cuando Chirac tuvo que compartir el poder con el Partido Socialista Francés. Pues bien, esta mujer socialista fue la promotora de una profunda reforma del Derecho de Familia en Francia, que implantó por vez primera la Custodia Compartida de los hijos menores tras el divorcio como norma general, y no como algo excepcional.

Por entonces, el que esto les cuenta era el Secretario de Organización de la Federación de Asociaciones por la Custodia Compartida, de ámbito nacional-estatal. Recuerdo que estaba especialmente ilusionado; también especialmente atareado. Puse en marcha, junto con otros padres y madres separados y divorciados una comisión que procuró reunirse en múltiples ocasiones con los diversos grupos políticos con representación parlamentaria. Me decía a mí mismo, después de cada viaje que hacía a Madrid como poco una vez por mes, que el despiste era general entre los “políticos” (por no llamarlo ignorancia). Fue una experiencia especialmente interesante y de la que podría contar innumerables anécdotas, como la del Sr. Luis Mardones de Coalición Canaria que a punto estuvo de echarse a llorar por ser un abuelo que no puede ver a su nieto, debido a que su hijo está separado y su ex nuera tiene la custodia exclusiva (y excluyente).

También recuerdo, y aún no me he recuperado de la sorpresa, como personajes como Lidia Falcón, María Teresa Pérez del Campo o una tal Alemany (presidenta hasta hace poco del grupo de mujeres juristas Themis) se movían por el Congreso de los Diputados como “Mateo por su casa”, saliendo y entrando de despacho en despacho, mientras la comisión de padres, madres y abuelos de la Federación de Asociaciones por la Custodia Compartida se las veía y deseaba para ser recibida (aquello fue toda una premonición)

Nunca olvidaré que hubo políticos que llegaron a decirnos, ante la pregunta de si las “organizaciones de mujeres” les habían hecho llegar algún documento o propuesta de mejora al proyecto gubernamental, que “las organizaciones de mujeres no vienen al Congreso de los Diputados a aportar soluciones, vienen a buscar subvenciones”.

También nos entrevistamos con los jueces del Tribunal Supremo y casualmente, los mismos coincidían con nosotros en la necesidad de crear una Jurisdicción especial de Familia, Tribunales de Familia que den abasto a todos los contenciosos y no contenciosos que originan las rupturas de pareja, y especialmente cuando lo que está en disputa son cuestiones relacionadas con los menores. Lo mismo que hablamos con los Jueces, hablamos con la Fiscalía General del Estado. A todos ellos, a los jueces, a los fiscales, a los diputados, a los senadores, les hicimos llegar un completísimo “dossier” en el que les mostrábamos nuestra preocupación respecto de la parte más débil y vulnerable: los menores. Como solución proponíamos la Custodia Compartida y la Mediación Familiar Obligatoria, así como la desjudicialización de las rupturas de pareja.

Otro asunto del que les hablamos fue de la absoluta arbitrariedad con la que se mueven los jueces y fiscales, el que sea casi imposible que una Audiencia Provincial revoque una sentencia de primera instancia. También de lo preocupante que es que cada Audiencia Provincial sea de facto un reino de taifas; tal es así que hay sentencias de audiencias provinciales que son absolutamente contradictorias con las de otras provincias. ¡Un desbarajuste y un disparate judicial!

Otra cuestión en la que hicimos especialmente hincapié fue en la “rapidez” con que se desarrollan los procesos judiciales relacionados con rupturas de pareja. Hablamos de la enorme ventaja de la que dispone quien comienza el proceso, la persona que toma la iniciativa de presentar la demanda de divorcio, generalmente la mujer. Todo ello suscita una situación de indefensión en el demandado. El margen de maniobra de que dispone es mínimo (no se olvide que debe contestar a la demanda dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles) apenas tiene tiempo de reaccionar y ponerse a buscar un abogado “decente”… La persona que planea y pone la demanda normalmente ha tramado toda una historia, una película en algunas ocasiones, de tal magnitud que la persona demandada acaba digiriéndola-metabolizándola cuando ya es demasiado tarde. Se está conculcando sistemáticamente el derecho constitucional a un juicio justo.

Tampoco olvidamos hablar de lo que respecta al desarrollo de los juicios, la cuestión procedimental. Tratamos con todos ellos, políticos, jueces, fiscales, de la necesidad urgente de reglamentar de forma minuciosa cómo han de transcurrir los juicios, evitando la arbitrariedad actual, en la que los jueces son verdaderos “dioses”. No es de recibo que los jueces puedan admitir las pruebas que les dé la gana o decidir qué testigos pueden o no declarar en juicio… Tampoco tiene sentido que el propio juez sea el que instruya y juzgue, o vuelva a juzgar en enésimas ocasiones, hasta incluso cuestiones ya juzgadas.

Indudablemente, también se habló del asunto tabú por excelencia en las rupturas de pareja: poderoso caballero, don dinero. De la necesidad de crear un baremo para determinar las cantidades para la manutención de los hijos y/o las pensiones compensatorias, adecuadas a la realidad-entorno de la pareja en proceso de ruptura (no es igual, por poner un ejemplo, la subida del Índice de Precios al Consumo –IPC- en Badajoz que en Castellón, o en una zona rural que urbana).

Y de la importancia de que se creara alguna institución a la cual los progenitores no custodios, y los custodios en caso de custodia compartida, pudieran dirigirse para poder fiscalizar el destino, uso, que se le da al dinero que supuestamente debe ser para la manutención de los menores (en los USA y el ámbito anglosajón esta institución ya existe). Ésta es la única manera de acabar con la sensación (permítaseme que sea grosero) de que se está pagando un impuesto revolucionario por haber tenido un momento de placer.

Y hablamos con políticos, jueces y fiscales de acabar con la precariedad, el empobrecimiento que supone en muchísimos casos el divorcio tanto para los menores como para los adultos: sobre la necesidad urgente de un fondo de garantías de pensiones, viviendas de alquiler de renta baja para padres separados, casas de acogida…

Y hablamos más cosas, como lo importantísimo que es crear algún organismo que vigile-supervise el grado de cumplimiento de las sentencias de divorcio en lo que respecta a la comunicación y estancias de los hijos con el progenitor no custodio, los posibles boicots del otro progenitor para intentar romper el vínculo con el padre o la madre, según el caso; no digamos del SAP (Síndrome de Alienación Parental)… Sobre la necesidad de tipificar como delito todo ello. No olvidemos que aunque se implante la mediación familiar obligatoria, vivimos en un país donde funciona una moral de obligación y sanción. Debe haber mecanismos disuasorios para el progenitor que incumpla el Convenio Regulador.

Mis compañeros y yo hicimos mención especial a la necesidad de tipificar como delito las falsas denuncias por malos tratos y abusos (orientadas a conseguir ventajas y trato de favor en las disputas por custodia y separación de bienes) que ya entonces quedaban impunes, como sucede en la actualidad.

Otro asunto más: la urgentísima necesidad de regular lo relativo a que la madre, o el padre aunque raramente, se vaya al quinto pino, ponga tierra por medio para alejar a los hijos del padre, boicotear la comunicación y estancias, intentar dificultar el acceso del padre a sus hijos, etc. prevaleciendo siempre la voluntad de la madre custodia, aplicando cosas tales como el precepto constitucional de que uno puede fijar su domicilio donde la plazca… No es admisible que se produzca constantemente el secuestro/sustracción de menores. En los Estados Unidos hay normas reguladoras de este asunto según tengo entendido.

No digamos de la urgente, urgentísima, necesidad de que se regulen los Equipos Técnicos Psicosociales, se determinen protocolos, etc. (En la actualidad son ilegales, son “un fantasma”, pero un fantasma que sirve de coartada a jueces y fiscales para condenar a los niños y niñas a una orfandad cruel e innecesaria… Sólo una persona insensata o malvada puede pensar que la inmoralidad, la canallada de privar a un hijo de su derecho a tener padre y madre, separarlo de uno de ellos, o de ambos, negarle su amor, sus cuidados pueda ser positivo.) Y algo más importante aún: que, si se sigue derivando a la gente a los Equipos Técnicos Psicosociales, que se eliminen las listas de espera creando los equipos que sean necesarios. Aquí en Extremadura los procesos de separación se suelen dilatar en numerosísimas ocasiones debido a la larguísima espera que hay que hacer hasta que la gente es recibida por el Equipo Técnico. Entiendo que deberían estar integrados en los futuros centros de Mediación.

Como resultado de la presión, sin recato ni tapujos de clase alguna, de determinados grupos de “mujeres” el gobierno de Rodríguez Zapatero abortó la reforma que había emprendido su ministro de Justicia (Juan Fernando López Aguilar) convirtiendo la Custodia Compartida en mera retórica vacía, otorgándole al fiscal (que no al juez) la capacidad de decisión en esta cuestión –asunto de dudosa constitucionalidad- impidiendo que los padres –varones- puedan ejercer la patria potestad de forma compartida con las madres de sus hijos después de la ruptura de pareja, impidiendo que la toma de decisiones respecto de los menores en lo que concierne a su salud, su manutención, su educación, su crianza en general, sea de forma conjunta.

Y mientras tanto, la arbitrariedad, justificada jocosa y sarcásticamente con la máxima de la independencia judicial, es lo más corriente por desgracia: el panorama es realmente desalentador y deprimente: tragedias y más tragedias que se podrían evitar si no se hubiera llegado al grado de insensibilidad y deshumanización que hoy existe en los juzgados, tanto de familia como ordinarios.

No podemos olvidar el día a día de los miles de personas que sufren el sistema perverso que actualmente tenemos y que por supuesto no nos merecemos.

Hace aproximadamente seis años que quienes tienen capacidad de legislar decidieron con premeditación, alevosía y nocturnidad (votaron de madrugada) no reformar el Derecho de Familia, aunque luego nos vendieran lo contrario (Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se reforman el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, mas conocida como “ley de divorcio Express”) bueno, si lo hicieron: introdujeron la posibilidad de que cualquier mujer pueda repudiar a su esposo… y que si no abandona voluntariamente, el hasta entonces domicilio conyugal, pueda ser expulsado mediante una falsa denuncia de maltrato.

Algo significativo es que se prevé en la “reforma” la creación de una ley de Mediación Familiar de ámbito nacional-estatal y tras seis años no tenemos noticia de clase alguna. ¿Para cuándo será tal cosa?

No puedo terminar este texto sin citar las alentadoras y esperanzadoras noticias que nos llegan de “fuentes bien informadas” del Partido Popular. Este partido tierne el compromiso de tomar iniciativas para generalizar la aplicación de la Custodia Compartida y la Mediación Familiar, así como para derogar las denominadas “leyes de igualdad y género” promovidas por el PSOE, tales como la perversa y antifamiliar “ley integral contra la violencia de género”, cuando forme Gobierno, cosa que sin duda sucederá, como muy tarde la primavera de 2012.

Tal vez nuestros nietos (y nietas) lo vean y lo disfruten… porque, hay que ser estúpido o malvado para considerar que apartar a un hijos de alguno de sus papás, y de su familia extensa puede ser beneficioso para alguien….