La presidenta de Parque Animal, Carmen Marín, junto al alcalde de Torremolinos, el popular Pedro Fernández Montes.

La organización contra el maltrato animal ‘El Refugio’ se ha personado como acusación popular en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos (Málaga) por el caso del albergue Parque Animal, cuyos responsables fueron detenidos acusados de maltrato animal.

Según ha informado la asociación en un comunicado, el Seprona realizó un trabajo de investigación “impecable y muy meticuloso” y de este trabajo se desprende que la presidenta del centro sacrificaba a los animales de forma “lenta y agónica”.

Presuntamente, la presidenta de la protectora carece de titulación veterinaria y utilizaba una dosis mínima del medicamento para llevar a cabo los sacrificios con el fin de “ahorrar costes”, ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte que podría durar varios minutos.

Estos sacrificios se practicaban supuestamente sin control ni supervisión veterinaria, aplicando a los animales el medicamento de modo incorrecto y provocando “un sufrimiento innecesario e injustificable”, según El Refugio.

Además, el Seprona apunta a que los perros y gatos eran guardados en los congeladores de la protectora cuando aún se encontraban vivos.

El Refugio ha destacado que es “la primera vez en España que se detiene e imputa por maltrato animal a la presidenta de una asociación protectora de animales”.

El colectivo ha denunciado que el Ayuntamiento de Torremolinos tardara “más de tres meses” en clausura “y de forma temporal” el albergue, “un lugar terrorífico donde sacrificar perros y gatos era una rutina” y anuncia que pondrá todos sus medios legales “para que los presuntos autores sean castigados”.

Según la Guardia Civil, a los dos responsables de la protectora, detenidos el pasado 12 de noviembre, se les imputó el delito de maltrato animal por sacrificar “de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada” hasta 2.230 animales aplicando bajas dosis de medicamento letal, lo que producía una muerte lenta.

A la directora de la protectora se le imputaron cuatro delitos más, entre ellos intrusismo profesional, al inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello, y apropiación indebida, por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción.

El Ayuntamiento de Torremolinos suspendió temporalmente el contrato a Parque Animal, anunció el precinto de sus instalaciones por seis meses, impuso una multa de 15.000 euros y adjudicó el servicio a IVC Paraíso Residencial Canina, ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde aseguró que fueron trasladados los animales.

Por su parte, Parque Animal pidió respeto a la presunción de inocencia y aseguró que “demostrará ante la Justicia que siempre ha actuado con arreglo a la legalidad” y que “el dato de animales sacrificados que se ha hecho público no se corresponde con la realidad”.