La Agencia de Inversión y Desarrollo de Andalucía (IDEA) constituye el vértice de todo un entramado de corporaciones públicas dedicadas al fomento empresarial, sirviendo de cauce para el dinero que la Junta de Andalucía entrega a las empresas con problemas económicos, bien a través de los famosos ERE, bien a través de subvenciones directas a las empresas para que mantengan su actividad, y cuyos manejos están siendo investigados actualmente por la justicia en medio de continuos escándalos.

El modelo socialista impuesto en Andalucía en materia económica se basa en la inyección masiva de ayudas públicas a las empresas, muchas de la cuales pasan a estar participadas por la propia Junta de Andalucía a través de la tela de araña de organismos interpuestos con que funciona el ejecutivo de Griñán.

En concreto la Junta de Andalucía, gracias a las gestiones de la agencia IDEA, tiene nueve empresas dedicadas a gestionar parques tecnológicos, once dedicadas a la producción industrial y a los servicios, dos llamados “centros de empresas” y además es propietaria de Invercaria, la empresa pública andaluza de inversión en capital de riesgo, protagonista del último escándalo conocido gracias a las conversaciones intervenidas por un juzgado a su gerente Laura Gómiz, en las que insistía a un empleado para elaborar informes ad hoc que disfrazaran el uso irregular de los fondos públicos manejados por la sociedad.

Invercaria es una empresa pública andaluza dedicada a la gestión de capital riesgo, con una gestora de fondos que opera con autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En esencia, la cúpula directiva de Invercaria decide su entrada en el accionariado de empresas con problemas previamente seleccionadas, a las cuales se les inyectan fondos públicos a través de las líneas de incentivos que maneja la Junta de Andalucía. Según se desprende de las conversaciones de sus responsables, todo parece indicar que las decisiones de entregar dinero público a determinadas empresas se hacía de forma discrecional por los altos cargos de la Junta.

En cuanto a las cifras manejadas por los dirigentes andaluces para ser gestionadas a su criterio en estas operaciones de inyección masiva de fondos públicos, los datos oficiales de la Junta de Andalucía revelan un coste total para las arcas públicas de más de 3.600 millones de euros sólo para el presente ejercicio de 2012. De esta cantidad, 877 millones irán destinados a pagar las nóminas de los empleados de toda esta estructura de agencias autonómicas, lo que no resulta extraño dado que Andalucía, por ejemplo, cuenta con nada menos que 215 centros públicos de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).

Además de los gastos de personal, las agencias públicas dependientes de la Junta de Andalucía tienen a su disposición, sólo este año, 2.564 millones de euros para tramitar ayudas y subvenciones a las entidades que consideren oportuno.