Alonso Prieto Recio.- Crónica anticipada de un país que ya no sabe si vive en España o en una película de los hermanos Marx.

Imaginemos, por un momento, que Pedro Sánchez consigue gobernar otros cuatro años. No es una pesadilla, tranquilos. Es simplemente un ejercicio de imaginación política. Aunque, visto lo visto, quizá convendría tener a mano un desfibrilador.

Año 2030. España ha cambiado tanto que hasta los mapas necesitan una actualización semanal. El Gobierno presenta su nuevo balance de legislatura y anuncia, con esa sonrisa optimista que caracteriza a nuestro presidente, que el país atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Eso sí, nadie sabe muy bien qué historia, porque cada comunidad autónoma ya tiene la suya propia.

Para empezar, han llegado diez millones de nuevos inmigrantes. La operación se ha desarrollado con gran éxito, según el Ministerio correspondiente, que ha bautizado la iniciativa como «España, tierra de acogida… y de acogotamiento». Los recién llegados han sido distribuidos por todo el territorio siguiendo un sofisticado algoritmo que todavía está pendiente de aprobación por los socios parlamentarios del Gobierno.

En las grandes ciudades ya resulta más fácil encontrar una vivienda en Marte que un piso de alquiler en Madrid, Barcelona o Málaga. Pero no hay problema: el Gobierno ha anunciado un ambicioso plan de vivienda consistente en expropiar las casas vacías, las segundas residencias, las terceras y, si hace falta, hasta las casas de muñecas. El propietario que conserve una vivienda será considerado un especulador potencial, salvo que sea amigo de alguien importante, en cuyo caso se le concederá una distinción por su contribución al patrimonio inmobiliario nacional.

La medida ha sido recibida con entusiasmo por los okupas, que han anunciado la creación de una asociación nacional de usuarios alternativos de inmuebles. Su lema es: «La vivienda es un derecho, especialmente si la paga otro».

Mientras tanto, en Cataluña y el País Vasco la política ha evolucionado hacia nuevas cotas de originalidad. Después de tantos años de debates sobre independencia, financiación y competencias, ambas comunidades han decidido competir internacionalmente en acontecimientos deportivos bajo sus propias banderas.

Cataluña participa en los Juegos Olímpicos como nación invitada, mientras el País Vasco solicita su ingreso en la FIFA, la UEFA, la ONU y, por si acaso, en la Liga de Campeones de petanca. El Gobierno español celebra la iniciativa porque, según explica, «la diversidad territorial enriquece nuestra convivencia». Eso sí, cuando la selección española juega contra Cataluña, nadie sabe a quién animar en Televisión Española. Finalmente, se opta por retransmitir el partido sin himnos, sin banderas y sin mencionar el resultado, para no ofender a nadie.

En los colegios, la educación también ha experimentado una transformación histórica. Las matemáticas se han adaptado a la nueva realidad política: dos más dos son cuatro, salvo que exista un acuerdo parlamentario que permita alcanzar cinco. La Historia de España se estudia por capítulos autonómicos, con versiones distintas según la comunidad. En algunas regiones, los Reyes Católicos aparecen como personajes secundarios y la Transición se explica como un acontecimiento de interpretación libre.

Los profesores reciben instrucciones precisas: no deben transmitir conocimientos que puedan generar controversia, sino fomentar el pensamiento crítico, siempre que el pensamiento crítico llegue a las conclusiones previamente establecidas por el ministerio correspondiente.

La asignatura estrella se llama «Convivencia, Memoria y Adaptación al Relato». Tiene diez horas semanales y un examen final consistente en explicar por qué el Gobierno siempre tiene razón, incluso cuando dice hoy lo contrario de lo que dijo ayer.

Y mientras España se transforma, Televisión Española vive su propia revolución cultural. Begoña Gómez presenta un espacio diario de entrevistas, actualidad y emprendimiento, con el sugerente título de «La Moncloa por dentro». Una oportunidad magnífica para acercar las instituciones a los ciudadanos y demostrar que, en España, el talento televisivo puede encontrar caminos verdaderamente sorprendentes. Eso sí, habría que cuidar la selección de invitados para evitar que el programa terminase convirtiéndose en una reunión demasiado familiar. Para esa tarea, no se descarta que Leire Díez sea la encargada.

En el terreno religioso, la nueva legislatura podría inaugurar una etapa de extraordinaria sensibilidad institucional hacia el islam. Se estudiaría declarar el Ramadán fiesta oficial en determinadas comunidades, adaptar los calendarios escolares para facilitar su celebración y garantizar menús halal en todos los comedores públicos, hospitales, residencias y centros educativos. Se impulsarían espacios específicos para el rezo en edificios públicos, se ampliarían los acuerdos de cooperación con las comunidades islámicas y quizá se propondría que las principales instituciones celebrasen oficialmente el final del Ramadán con recepciones y felicitaciones institucionales. Todo ello, naturalmente, en nombre de la diversidad, la integración y la convivencia.

Mientras tanto, las tradiciones cristianas, las fiestas de toda la vida y las referencias culturales que han formado parte de la historia de España quedarían, en esta imaginaria nueva etapa, bajo una revisión permanente para evitar cualquier susceptibilidad. Porque la igualdad de trato entre confesiones es un principio constitucional; otra cosa sería que alguien confundiese el respeto a todas las religiones con la necesidad de dar un trato privilegiado a alguna. Pero tranquilos: seguramente también se crearía un Ministerio de Armonía Interreligiosa para explicarnos la diferencia.

Y llegaría el turno de la política exterior.

En un nuevo gesto de buena voluntad hacia Marruecos, Sánchez podría anunciar la desaparición progresiva de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Un gesto histórico de confianza, fraternidad y entendimiento entre pueblos vecinos. Las alambradas serían sustituidas por jardines, paneles de bienvenida y algún que otro cartel con mensajes de amistad.

La iniciativa se presentaría como un paso decisivo hacia una nueva etapa de relaciones diplomáticas. Por supuesto, habría que confiar en que la buena voluntad fuese recíproca y que la seguridad de los ciudadanos de ambas ciudades autónomas siguiera siendo una prioridad. Pero, puestos a imaginar, tampoco sería descartable que se propusiera celebrar una jornada anual de puertas abiertas para reforzar los vínculos culturales.

En el ámbito económico tampoco faltarían novedades.

La política de vivienda podría dar un giro espectacular: en lugar de construir más casas, se estudiaría cambiar el nombre de los pisos turísticos para que pasaran a llamarse alojamientos de convivencia residencial. Así, al menos sobre el papel, el problema quedaría bastante mejor explicado.

Los jóvenes recibirían nuevas ayudas, siempre que cumplieran una serie de requisitos que necesitarían un máster para comprender. Se anunciaría un ambicioso plan para que todos pudieran emanciparse antes de los cuarenta años, aunque probablemente la medida consistiría en recomendarles que compartieran piso, aprendieran a ahorrar y desarrollaran una mayor capacidad de resiliencia.

Asimismo, cada subida de impuestos vendría acompañada de una campaña institucional titulada «Contribuir es compartir». Y si el precio de la cesta de la compra siguiera subiendo, se podría estudiar la creación de un observatorio para analizar por qué los españoles compran menos cuando las cosas cuestan más. Una investigación de enorme complejidad que, seguramente, necesitaría varios años y un presupuesto considerable.

También habría novedades educativas. Así, los libros de texto incorporarían una asignatura obligatoria denominada «Interpretación de la actualidad política», donde los alumnos aprenderían que una misma decisión puede ser un éxito histórico el lunes y una necesidad inevitable el viernes, dependiendo de quién la explique y de las circunstancias parlamentarias.

En cuanto a la energía, podríamos asistir al nacimiento de un ambicioso programa nacional de ahorro: apagar la luz cuando no se utilice, cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes y evitar encender la calefacción cuando haga frío. Todo ello presentado como una revolución ecológica sin precedentes.

Con cuatro años más de Sánchez, quizá asistamos a una transformación definitiva de la comunicación política. Los consejos de ministros podrían retransmitirse en directo, con una cuidada realización televisiva, música de cabecera y entrevistas posteriores a los protagonistas.

Cada crisis tendría su propio lema, cada dificultad su correspondiente explicación y cada contradicción una nueva interpretación. Los ciudadanos no necesitarían consultar demasiados medios: bastaría con esperar a la siguiente comparecencia para conocer la versión actualizada de los acontecimientos.

Y si las cosas se complicasen demasiado, siempre quedaría la posibilidad de convocar una cumbre, una comisión, una reunión de expertos o un encuentro internacional. Lo importante sería mantener la agenda llena, las cámaras encendidas y la sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder.

Lo verdaderamente importante sería no perder la capacidad de asombro. Porque en política, como en la vida, siempre hay algo que puede sorprendernos. Y si algo ha demostrado Sánchez es que su imaginación para encontrar nuevas fórmulas de supervivencia política parece inagotable.

Eso sí, convendría recordar una pequeña cuestión: gobernar no consiste en organizar un espectáculo permanente, ni en acumular titulares, ni en convertir las instituciones en escenarios de promoción. Gobernar consiste en resolver problemas, garantizar la seguridad, gestionar bien los recursos públicos y mejorar la vida de los ciudadanos.

En definitiva, cuatro años más de espectáculo sanchista pueden resultar la mar de entretenidos. Lo que ya no tiene tanta gracia es el precio que tendrá que pagar España por tan macabro espectáculo.