La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha sido tradicionalmente uno de los principales indicadores de estabilidad de un Gobierno. Disponer de unas cuentas propias permite al Ejecutivo desarrollar su programa político y acredita que cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlo adelante. Cuando un Gobierno no consigue aprobar sus presupuestos, la consecuencia política suele ser un desgaste de su autoridad y, en algunos países, incluso la convocatoria de elecciones o la dimisión del primer ministro. Es lo que ha sucedido recientemente en Bélgica, donde el fracaso de las negociaciones presupuestarias ha desembocado en una crisis de Gobierno.

En España, sin embargo, la falta de Presupuestos ha dejado de ser un motivo para adelantar las elecciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido las cuentas de 2023 durante los ejercicios posteriores, sin que las sucesivas prórrogas hayan provocado un cambio de rumbo político.

Alberto Núñez Feijóo quiere poner fin a esta situación y convertir esa exigencia de responsabilidad política en una obligación legal. El líder del PP se compromete a «promover las reformas necesarias» para que una segunda prórroga presupuestaria consecutiva implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

Los populares sostienen que, si Feijóo llega a La Moncloa, su Gobierno cumplirá con la obligación constitucional de presentar anualmente los Presupuestos. Una exigencia que recoge el artículo 134 de la Constitución y que el Ejecutivo de Sánchez no ha satisfecho con nuevos proyectos presupuestarios en los últimos ejercicios.

LAS INFRAESTRUCTURAS, EN EL CENTRO DEL DEBATE

El PP quiere situar la política presupuestaria en el centro del debate tras el accidente de Adamuz, que ha vuelto a poner el foco en el estado de las infraestructuras y en las necesidades de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria. El exministro de Transportes Óscar Puente defendió ayer que su departamento ha ejecutado prácticamente el cien por cien de las inversiones presupuestadas. Sin embargo, las cuentas a las que se refiere son las de 2023, prorrogadas desde entonces.

En este contexto, Feijóo se compromete a presentar dos proyectos de Presupuestos en 2027: uno en primavera y otro en otoño. «Presentará dos en un mismo año», destacan fuentes del PP, en contraste con la ausencia de nuevas cuentas durante los últimos ejercicios del Gobierno de Sánchez.

Las infraestructuras tendrán un papel prioritario en esos primeros presupuestos. Antes de definir las nuevas partidas, el PP plantea realizar una revisión exhaustiva del gasto público y del funcionamiento de la Administración. Según el compromiso anunciado por los populares, «realizaremos una auditoría de todo el gasto que se ha hecho estos años y del funcionamiento de la Administración, de los organismos y de las empresas del Estado».

El objetivo, explican, será determinar «en qué se ha gastado cada euro», qué criterios han guiado las inversiones y la contratación de personal y cuál es el estado de mantenimiento de los servicios públicos.

La revisión alcanzará también a las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones: «los fraudulentos serán denunciados y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados».

Las conclusiones de esa auditoría servirán de base para elaborar las primeras cuentas de un eventual Gobierno de Feijóo: «qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos».