La próxima cita electoral ofrece al Partido Popular y a Vox una oportunidad para demostrar que son capaces de situar el interés general por encima de sus diferencias partidistas. La coordinación de ambas formaciones en las candidaturas al Senado debería formar parte de una reflexión política seria, especialmente si el objetivo es aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el sistema electoral para la Cámara Alta.

Mantener candidaturas separadas por razones de identidad partidista, cuando existe la posibilidad de alcanzar acuerdos que favorezcan una representación más eficaz, supondría desaprovechar una ocasión relevante. PP y Vox pueden tener diferencias legítimas sobre programas, estrategias y prioridades, pero esas discrepancias no deberían impedir el entendimiento en aquellos ámbitos en los que exista un objetivo compartido.

Las diferencias de acudir juntos son determinantes una vez que la izquierda va a ir con una lista conjunta al Senado. Con los resultados de las elecciones de 2023, con todos los partidos por separado, el PP por sí solo obtuvo la mayoría, 120 senadores, frente a los 73 del PSOE y ninguno de Vox y Sumar. Con esos mismos votos, pero con la izquierda unida y la derecha separada, en el punto actual en el que están las alianzas, PSOE y Frente Amplio obtendrían 116 escaños frente a los 81 del PP y ninguno de Vox. Sin embargo, una alianza del PP y Vox enfrentada a la alianza Senado de Progreso les daría 126 senadores, más uno de UPN, frente a los 74 del PSOE y Frente Amplio.

El método de elección en el Senado es por mayoría. Puesto que cada elector puede elegir tres nombres de los cuatro que se reparten en cada circunscripción, la primera fuerza suele llevarse tres escaños, mientras que la segunda, uno. El resto de los partidos se queda sin nada. Ser tercera fuerza no tiene ningún premio, de ahí que Vox y Sumar no sacaran ningún senador en las elecciones de 2023.

Alianzas por provincias

La alianza no sería necesaria en todas las circunscripciones, según la simulación con los resultados de 2023. En 18 provincias, la desunión supondría un vuelco a los resultados, de sacar tres senadores la derecha y uno la izquierda a la situación inversa. Ocurre en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en las dos extremeñas, en seis andaluzas (todas excepto Sevilla y Almería), en dos aragonesas (Zaragoza y Huesca), en Pontevedra, Asturias, Guadalajara y Cuenca. En otras siete circunscripciones, entre ellas Madrid y Toledo, ir por separado conllevaría una merma en los escaños obtenidos, de sacar tres a quedarse en dos. En el resto no habría cambios, como en las provincias catalanas y vascas, entre otras.

En las elecciones se elige la mayor parte de la Cámara Alta, 208 senadores, mientras que el resto, 58, son de designación autonómica. La mayoría de la cámara está en 134, pero se necesitan 161, tres quintos, para renovar los asientos del Tribunal Constitucional. La derecha unida se quedaría cerca de alcanzar esa cifra sumando los electos (127) con los de designación autonómica actual (23 del PP y cinco de Vox).

La cuestión adquiere especial importancia en relación con el Tribunal Constitucional. Tanto el PP como Vox han expresado críticas a determinadas decisiones del tribunal y han cuestionado actuaciones que consideran discutibles desde el punto de vista jurídico o institucional. Precisamente por ello, si ambas formaciones aspiran a ejercer una oposición eficaz y a impulsar cambios dentro del marco constitucional, deberían explorar todas las vías democráticas a su alcance para reforzar su representación institucional.

En este contexto, acudir por separado a las elecciones al Senado, sin estudiar previamente fórmulas de coordinación, sería interpretado como una inaceptable cortedad de miras. No se trata de exigir una fusión de partidos ni de renunciar a las respectivas identidades políticas, sino de comprender que la cooperación electoral puede ser compatible con la pluralidad y la regeneración democrática.

El Senado tiene sus propias reglas electorales, distintas de las del Congreso, y estas hacen especialmente relevante analizar cómo se distribuyen los votos y las candidaturas en cada circunscripción. Por ello, cualquier acuerdo debería estudiarse con rigor, atendiendo a las particularidades territoriales y a sus consecuencias para la representación parlamentaria, en lugar de dar por sentado que una misma fórmula funcionaría en todas partes.

La responsabilidad de los dirigentes consiste, precisamente, en valorar esas posibilidades sin dejarse condicionar exclusivamente por los intereses orgánicos de sus respectivas formaciones. Los ciudadanos esperan que sus representantes sean capaces de negociar, alcanzar acuerdos cuando resulte razonable y explicar con claridad las razones de sus decisiones.

PP y Vox tienen, en definitiva, la ocasión de demostrar que el interés de España pesa más que las siglas. Si consideran que determinados asuntos institucionales requieren una respuesta común, deberían estar dispuestos a explorar acuerdos concretos y transparentes, también en las candidaturas al Senado.

Lo contrario no demostraría necesariamente una discrepancia ideológica insalvable, pero sí obligaría a preguntarse si las prioridades electorales de cada partido están prevaleciendo sobre los objetivos que ambos dicen defender. En política, las palabras sobre la unidad, la responsabilidad y la defensa de las instituciones adquieren verdadero significado cuando se traducen en decisiones.

El Senado constituye una oportunidad para comprobarlo. La pregunta que deben responder PP y Vox es sencilla: ¿están dispuestos a estudiar una cooperación electoral que anteponga los objetivos compartidos a las ventajas particulares de cada partido? La respuesta debería surgir de un análisis riguroso de las reglas electorales y de una voluntad real de diálogo, sobre todo porque las siglas identifican a los partidos, pero no deberían convertirse en un obstáculo automático para alcanzar acuerdos en beneficio del conjunto de los españoles.