El escrache a Ayuso, la acampada de la Puerta del Sol y el doble rasero ante la protesta deja en el aire una obligada pregunta: ¿defendería la izquierda los mismos métodos si los manifestantes se instalaran frente a la residencia del presidente? Mientras tanto, el PSOE parece haber descubierto los problemas de España como si no llevara años gobernando.

Madrid se ha convertido en el escenario de una discusión que va mucho más allá de Isabel Díaz Ayuso. Lo que está en juego es algo tan elemental como la convivencia, el respeto a las instituciones y la coherencia de quienes pretenden dar lecciones de responsabilidad política.

La protesta es legítima en democracia, pro ninguna reivindicación concede un cheque en blanco para amenazar, intimidar o convertir el acoso personal en una herramienta de presión política. Una democracia no puede medir la legitimidad de una protesta en función de quién recibe los insultos.

Las recientes movilizaciones en Madrid, el escrache vivido por Ayuso en el Palacio de Santoña y la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol han colocado este debate en primer plano. El 19 de octubre, la protesta de docentes en huelga derivó en una intervención policial y en la cancelación de otro acto institucional. La presidenta madrileña denunció el clima de hostilidad; sus críticos, por su parte, reclaman que se atiendan los problemas de la educación pública. Son dos cuestiones que deben examinarse por separado: las reivindicaciones laborales merecen una respuesta y los episodios de intimidación deben juzgarse por sus propios hechos.

La pregunta es inevitable: ¿qué diría la izquierda si una acampada ilegal se instalara frente al Palacio de la Moncloa, con pancartas, insultos y manifestantes dispuestos a hostigar a Pedro Sánchez?

¿Defendería con la misma energía el derecho a la protesta? ¿Invocaría la libertad de expresión? ¿Reclamaría paciencia institucional? ¿O exigiría el desalojo inmediato y denunciaría una campaña de acoso contra el presidente del Gobierno?

No hace falta atribuir intenciones a nadie para exigir una respuesta. Basta con reclamar un principio universal: las reglas democráticas no pueden cambiar dependiendo del partido al que pertenezca el gobernante señalado. Si una conducta resulta intolerable ante Moncloa, no se vuelve aceptable por producirse ante la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Y si una protesta merece protección frente al Gobierno central, también debe recibir las garantías legales correspondientes cuando se dirige contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.