Ignacio Loring.- No hay que ser un económicos para formular una pregunta así de simple:  ¿Quién se atreverá a alquilar un piso bajo un cúmulo de medidas que cargan cada vez más obligaciones y riesgos sobre el propietario?

El resultado era previsible. Sólo en las últimas horas, menos oferta, más incertidumbre. y más dificultades para quienes buscan una vivienda. Con amigos como los que pueblan los escaños de la izquierda, los que buscan vivienda no necesitan buscarse enemigos.

Al mismo tiempo que miles de ciudadanos necesitan desesperadamente un alquiler, numerosas viviendas han salido del mercado. No porque no exista demanda. Precisamente por lo contrario, porque muchos propietarios consideran que las condiciones impuestas hacen que alquilar deje de ser una opción razonable.

Es decir, se pretende facilitar el acceso al alquiler mientras se introducen medidas que pueden reducir precisamente la oferta disponible. Nadie del Gobierno ni del sectario Sindicato de Inquilinos ha tenido a bien aclararnos esta gran contradicción del decreto de vivienda.

¿De verdad creen que se puede ampliar el parque de viviendas en alquiler aumentando la inseguridad de quienes las ponen en el mercado?

Los grupos que apoyan al Gobierno deberían explicar esta contradicción. Y también cómo unas medidas que dificultan que los propietarios alquilen pueden terminar ayudando a los ciudadanos que necesitan alquilar.

El problema no se resuelve señalando al propietario como culpable ni presentando al arrendador como un obstáculo. Si desaparecen viviendas del mercado, la consecuencia la pagan también quienes buscan casa. Así que los más vulnerables son los primeros perjudicados.

Todo apunta a una política marcada por la improvisación. Se anuncian medidas, se multiplican las obligaciones, se pretende intervenir sobre el mercado, pero después llegan las consecuencias.; esto es, menos oferta, más presión sobre los precios y más dificultades para encontrar vivienda.

La vivienda no se consigue por decreto. Lo que se necesita es más oferta, más seguridad jurídica, más liberalización de suelo, más construcción, más vivienda disponible y menos obstáculos para que llegue al mercado. De lo contrario, cada vez serán más los propietarios que deciden no alquilar sus viviendas. ¿Quién va a alquilar su vivienda si cada vez resulta más difícil y arriesgado hacerlo?

Los españoles no deberían ser quienes paguen el precio de una política de vivienda mal diseñada y que tendría como principales damnificados a los que quieren acceder a ella.