Daniel Lacalle.- El caso de Doña Maricarmen se ha utilizado como una pieza perfecta de propaganda política. Una señora mayor, una vivienda en Madrid, un supuesto “fondo buitre”, una subida “abusiva” del alquiler y un Gobierno dispuesto a presentarse como defensor de los vulnerables. Es pura mentira y propaganda. Con los datos conocidos, el relato de la izquierda caviar no se sostiene. La realidad desmiente punto por punto varios de los mensajes que se han difundido alrededor del caso.

En primer lugar, no estamos ante un desahucio arbitrario ni ante la expulsión de una inquilina con contrato vigente. El contrato original se firmó en 1956 bajo el régimen de renta antigua de Franco y quedó extinguido conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. La segunda subrogación de la hija se produjo en 2005, fuera del supuesto legal que habría permitido mantener el contrato, y sin una situación que pudiera justificar una excepción. La extinción contractual fue declarada por la Audiencia Provincial de Madrid y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. La sentencia es firme desde hace tres años. Se puede lamentar la situación personal de la inquilina, pero una democracia no puede sustituir las resoluciones judiciales firmes por campañas políticas basadas en consignas.

En segundo lugar, la empresa rechaza haber pretendido imponer un alquiler de 1.650 euros mensuales. Esa cifra, que ha circulado en medios y redes sociales, no fue una propuesta de Urbagestión. El importe de 250.000 euros correspondía a la notificación del derecho de tanteo de la inquilina ante una venta realizada por el propietario anterior, no a una oferta de compra formulada por la empresa. Y la cifra de 1.650 euros no es una oferta contractual de la empresa.

La compañía sostiene además que, a petición de la representación legal de la inquilina, indicó hace tres años que podría considerarse un nuevo alquiler con una bonificación de entre el 40% y el 50% sobre el precio de mercado. Es decir, no se exigió una subida inmediata ni se planteó un contrato de 1.650 euros como condición para continuar en la vivienda. La propiedad toleró la permanencia de la inquilina durante años a pesar de existir una sentencia firme de extinción. En ese periodo, la empresa asumía gastos del inmueble e hipoteca. Hasta la extinción, la renta era de unos 200 euros mensuales, a los que se añadían aproximadamente 220-250 euros de comunidad, agua y calefacción. No es una empresa malvada y sin escrúpulos ni es un gran fondo inmobiliario. La empresa no es un fondo de inversión, sino una pequeña compañía madrileña para la cual esta vivienda es su única propiedad. Convertir a un pequeño propietario o a una pequeña empresa patrimonial en la caricatura de “fondo buitre” no es una política de vivienda, sino propaganda y manipulación.

El Gobierno ha intentado ocupar el espacio del mediador protector, pero aquí aparece otra mentira. Urbagestión afirma que ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 realizaron una oferta de compra de la vivienda. Tampoco se habría formalizado una propuesta escrita y jurídicamente articulada para garantizar la continuidad de la inquilina, al contrario de lo que afirma algún famoso propagandista. Se comunicó verbalmente la posibilidad de un alquiler de hasta 900 euros, asumido a partes iguales por Casa 47 y la inquilina. Sin embargo, no se concretaron elementos fundamentales como la naturaleza y duración del contrato, los gastos, las garantías, las obligaciones de cada parte o la fórmula jurídica para hacerlo viable. Eso no es una solución. Es un titular. La ministra de Vivienda tiene 3 pisos, siete ministros suman 24 y el Gobierno sanchista tiene 39. El Estado es el mayor propietario inmobiliario.

Ayuso y Almeida ofrecieron alojamiento público a doña Maricarmen, que heredó un piso alquilado con una regulación de la época de Franco a precio de ruina. Sin embargo, la culpa es de Ayuso y “el mercado”. No se lo cree nadie.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes fracasos de la política económica y social del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de ocho años en La Moncloa, el Ejecutivo no puede esconder su falta de resultados detrás de la demonización del propietario, de la empresa o de la inversión privada. España necesita más oferta, más seguridad jurídica y más inversión. Lo que recibe, en cambio, son anuncios, propaganda, incertidumbre regulatoria y una estrategia de confrontación. Una administración seria, si realmente desea evitar una situación de vulnerabilidad, dispone de instrumentos. Puede actuar a través de los servicios sociales, alquileres sociales, ayudas directas, viviendas públicas, avales, intermediación profesional o acuerdos escritos y financiados. Lo que no puede hacer es utilizar un caso individual para exhibir superioridad moral mientras deja sin concretar una solución real.

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Pedro Sánchez lleva ocho años gobernando España. Durante ese periodo, la vivienda ha pasado de ser un problema relevante a convertirse en una de las mayores preocupaciones económicas y sociales de los hogares. El Gobierno ha anunciado sucesivamente decenas de miles de viviendas públicas, sociales, asequibles, de Sareb, en alquiler o movilizadas. La cifra acumulada de anuncios ha rondado las 400.000 viviendas protegidas en seis años, pero los resultados efectivos están muy por debajo de esa promesa. Desde 2021 se han certificado unas 49.000 viviendas protegidas, apenas el 12% de lo comprometido en los anuncios propagandísticos. Y casi cero construido. Es más, el propio Gobierno ha tenido que rebajar ante las instituciones europeas su compromiso vinculado al Plan de Recuperación. La meta de 25.000 viviendas sociales en alquiler “construidas o rehabilitadas” pasó a formularse en torno a 15.718.

La brecha entre propaganda y ejecución se aprecia también en el presupuesto. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado citados en septiembre de 2026, el Ministerio de Vivienda había ejecutado solo el 1,8% de sus créditos definitivos durante el primer semestre del año, 66 millones sobre 3.595 millones.

El Gobierno y sus aliados han encontrado un adversario políticamente rentable, los llamados fondos buitre. El problema es que esa etiqueta sirve para ocultar las causas fundamentales del problema de vivienda. El problema real es una combinación de escasez de suelo finalista, trabas urbanísticas, burocracia, fiscalidad, inseguridad jurídica, costes de construcción, intervención de precios y una oferta incapaz de responder al crecimiento de la demanda. Los fondos de inversión no son propietarios de “toda la vivienda” ni explican el encarecimiento generalizado del mercado.

Los datos del Banco de España sitúan la vivienda en manos de personas jurídicas -empresas, socimis, entidades financieras y fondos, conjuntamente- en torno al 8% del parque total. El 92% estaría en manos de particulares. No se puede atribuir esa cifra del 8% exclusivamente a los fondos, y menos aún utilizarla para construir una teoría de control especulativo. En las compraventas de vivienda tradicional entre 2019 y 2024, la inversión atribuible a fondos habría representado una media del 1,86% del volumen total transaccionado. Las familias, pequeños propietarios y compradores domésticos concentraron entre el 97% y el 99% de la inversión.

Mientras el Gobierno construye relatos, España continúa afrontando un grave problema de acceso a la vivienda. La pregunta que debería hacerse el Gobierno es por qué, tras ocho años en el poder, persiste la insuficiencia de vivienda asequible, por qué los anuncios no se traducen en llaves entregadas y por qué la respuesta oficial consiste cada vez más en intervenir el mercado y menos en ampliar la oferta. España no necesita entronizar de nuevo un sistema franquista de rentas antiguas que destruya los incentivos para alquilar, mantener y rehabilitar viviendas.

El caso de Doña Maricarmen merece respeto, sensibilidad y una solución seria. Lo que no merece es ser utilizado como instrumento de propaganda para ocultar ocho años de anuncios incumplidos, oferta insuficiente y una política de vivienda basada exclusivamente en la demagogia.