Por Raúl Heras.- Con prisa y sin pausa, la Cataluña política y la Cataluña económica avanzan hacia la ansiada independencia que desea una minoría de su población. El actual Gobierno del socialista Salvador Illa aumenta el número de embajadas y representaciones diplomáticas catalanas en el exterior, mientras el presidente de la Generalitat viajó a principios de este septiembre a Kiev, acompañado del alcalde de Barcelona, para mostrar su apoyo a Zelenski. En julio de 2025 realizó un viaje similar a China.

En la política lingüística, Salvador Illa mantiene y supera la que pusieron en marcha y defendieron los independentistas de Junts y Esquerra: el castellano —ya no el español— será un idioma subordinado al catalán y se utilizará en los espacios públicos cuando sea absolutamente necesario. Todo ello en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y de lo que dice el artículo 3 de la Constitución sobre el idioma oficial de todo el Estado y el deber de conocer y el derecho a usar el castellano.

No es casualidad que desde el PSC defiendan y alienten este proceso de reafirmación independentista, que va en contra de los procesos de igualdad y solidaridad con el resto de España. El avance de Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, refuerza políticamente la deriva nacionalista, que aumentará con el regreso de Carles Puigdemont y las nuevas exigencias desde el Gobierno de Pedro Sánchez para que en la Unión Europea se reconozca el catalán como nueva lengua oficial.

Si la formación de Orriols ocupa el espacio que pueda tener la derecha más dura en Cataluña, cerrando el paso social y económico a Vox, mientras que en la derecha moderada ese papel les corresponde a Junts y a ERC, el socialismo de Illa y la izquierda que intenta englobar Ada Colau, incluidos los radicales de la CUP de Casadevall y Cornellà, el cerco político se habrá cerrado.

Con el control político asegurado para promover un referéndum legal en torno al proceso de independencia, faltaba el económico, y es ahí donde aparece la figura del actual presidente de Indra y sus deseos de trasladar la sede social de la empresa tecnológica de Madrid a Barcelona. No es una simple operación de descentralización administrativa y fiscal; es, en el fondo, el gran paso económico de futuro para transformar Cataluña en un enclave fundamental para la Europa tecnológica.

Ángel Simón fue la pieza esencial para obligar al entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a dimitir de su puesto durante una esperpéntica reunión en La Moncloa con Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno. Aquella dimisión y la posterior elección de Marc Murtra como presidente de la compañía de telecomunicaciones llevaron —tras unos meses de zozobra con los hermanos Escribano como ejes del futuro de Indra y su intención de convertirse en los mayores accionistas de la empresa, por encima de la propia SEPI— al que había sido consejero delegado de CriteriaCaixa a la presidencia de Indra.

Si se termina realizando el traslado de la sede social a Barcelona, el resto de los cambios se realizarán desde una posición política en Cataluña casi insalvable para el Gobierno central, con independencia de quién sea el presidente del Ejecutivo. Se hará de forma más fácil con Pedro Sánchez y más difícil con Núñez Feijóo, pero se hará para evitar un conflicto difícil de controlar y que será apoyado desde el exterior. Asistiríamos a la auténtica ruptura de la actual unidad de España, realizada desde el poder y sostenida por la legalidad que se desarrollaría para llevarla a cabo.

El antiguo dirigente de Unió Democràtica y número dos de Duran Lleida en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, desde su actual cargo de responsable de Foment del Treball, se encargaría de “convencer” a los empresarios más reacios y a los sindicatos de las bondades y la necesidad del proyecto. En el actual Parlament, su presidente, Josep Rull, sería una baza muy importante para que los 135 parlamentarios que lo forman votasen por mayoría absoluta gracias a los 42 votos del PSC, los 6 de Sumar, los 35 de Junts, los 20 de ERC, los 4 de la CUP y los 2 de Aliança Catalana. Los 26 del Partido Popular y los 11 de Vox serían claramente insuficientes.