La financiación de Pedro Sánchez a Marruecos se ha disparado desde el espionaje con Pegasus sufrido por el presidente del Gobierno en 2021. Los créditos concedidos a Rabat a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) alcanzaron los 1.015 millones de euros entre 2021 y 2026, una cantidad que prácticamente quintuplica los 207 millones otorgados durante el periodo 2017-2020, según los datos publicados por The Objective.

El incremento adquiere especial relevancia por su coincidencia temporal con uno de los momentos más delicados de las relaciones entre ambos países. El teléfono de Sánchez fue infectado en mayo de 2021 y de su terminal se extrajeron alrededor de 2,6 gigabytes de información. El Gobierno no comunicó públicamente el espionaje hasta mayo de 2022, aunque dos meses antes ya había protagonizado un giro histórico en su política exterior al respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

Los créditos FIEM son instrumentos gestionados por la Secretaría de Estado de Comercio para financiar operaciones de internacionalización en las que participan empresas españolas. Aunque se trata de préstamos reembolsables y no de subvenciones, el riesgo financiero recae sobre el Estado español y las condiciones pueden resultar especialmente ventajosas para los países receptores. Marruecos se ha convertido durante los últimos años en el principal beneficiario de este mecanismo, por delante de países que anteriormente concentraban buena parte de los fondos, como Arabia Saudí o Ecuador.

El aumento también se refleja en la deuda marroquí con España. Entre 2019 y 2025 pasó de 263 a 471 millones de euros, un crecimiento del 78,5%. El secretario de Estado de Economía aseguró ante el Congreso en noviembre de 2025 que Rabat estaba atendiendo regularmente sus obligaciones y que no se habían registrado impagos. Sin embargo, no consta públicamente el tipo de interés concreto aplicado a cada una de estas operaciones.

La evolución de las relaciones económicas coincide además con una etapa de importantes concesiones y decisiones políticas favorables a Rabat. Además del cambio respecto al Sáhara Occidental, el Ejecutivo ha mantenido la cooperación policial y económica con Marruecos, ha defendido ante las instituciones europeas la relación estratégica con el reino alauí y ha continuado suministrando material para el control fronterizo. Todo ello pese a que, además de Sánchez, también fueron infectados con Pegasus los teléfonos de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles; posteriormente se conoció también un intento relacionado con Luis Planas.

El origen del caso se remonta a la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos. Sánchez se desplazó entonces a la ciudad autónoma acompañado por Grande-Marlaska. Según la reconstrucción publicada por The Objective, los servicios españoles sospechan que la obtención de los identificadores necesarios para comprometer el teléfono pudo producirse durante aquel desplazamiento mediante tecnología de interceptación de comunicaciones, aunque la atribución concreta de la operación a Marruecos no ha sido establecida judicialmente.

La infección permitió acceder a una importante cantidad de información del dispositivo presidencial mediante Pegasus, el programa desarrollado por la compañía israelí NSO Group. Durante los meses posteriores se produjeron contactos con representantes de la empresa israelí y encuentros con interlocutores marroquíes, mientras el espionaje permanecía fuera del conocimiento de la opinión pública.

La Moncloa terminó revelando el ataque el 2 de mayo de 2022. Apenas unos días después fue cesada la entonces directora del CNI, Paz Esteban. Desde entonces, las dudas sobre quién ordenó el espionaje, qué información concreta fue sustraída y qué utilización pudo hacerse de ella continúan sin una respuesta pública concluyente.

El fuerte incremento de los créditos a Marruecos alimenta ahora las incógnitas sobre la evolución de la relación bilateral después de Pegasus. La correlación temporal entre ambos hechos está documentada por las cifras, pero no prueba por sí misma que la financiación sea consecuencia del espionaje. Esa distinción resulta clave ante las acusaciones de que el contenido sustraído al presidente pudiera haber condicionado posteriormente las decisiones del Gobierno español.