La historia de la isla de Perejil es probablemente una de las mayores paradojas de la política exterior española de las últimas décadas. España movilizó a sus Boinas Verdes para recuperar un territorio ocupado por Marruecos, desalojó a los militares marroquíes en una operación impecable, izó nuevamente la bandera nacional y, pocos días después, aceptó un acuerdo por el que esa misma bandera debía desaparecer y ningún militar, guardia civil, policía o funcionario español podía pisar el islote. Aquello se presentó como un éxito diplomático.

El acuerdo negociado en julio de 2002 bajo la mediación del secretario de Estado norteamericano Colin Powell estableció el retorno a la situación anterior a la ocupación marroquí. La fórmula remitida por Powell a España y Marruecos incluía expresamente la ausencia de fuerzas y funcionarios gubernamentales, uniformados o no, y la desaparición de la bandera y demás símbolos de soberanía española.
En otras palabras: España recuperó militarmente Perejil para aceptar inmediatamente después que no podía pisar el islote ningún uniformado ni autoridad española.

Vamos, que nuestros soldados conquistaron la roca, pero no podían quedarse en ella.

Ésa fue la brillante solución diplomática patrocinada por Estados Unidos y aceptada por el gobierno de José María Aznar.

Han pasado veinticuatro años y ahora podemos preguntarnos para qué ha servido semejante absurdo.

Perejil se ha convertido en un punto utilizado para cargar droga procedente de Marruecos. No hablamos de rumores ni de historias contadas en una barra de bar. En 2006, Policía y Vigilancia Aduanera desarticularon una organización hispano-marroquí que cargaba hachís en las proximidades del islote para trasladarlo en embarcaciones hasta Murcia, utilizada después como plataforma para su reenvío hacia países europeos.

Y en junio de 2013 se produjo quizá el episodio más revelador. Un helicóptero de Vigilancia Aduanera detectó una embarcación semirrígida realizando un trasvase junto a Perejil. La Guardia Civil intervino 588 kilos de droga. Se empleaba el islote como zona de carga y descarga de narcóticos. Perejil llevaba años funcionando como trampolín para introducir droga procedente de Marruecos hacia Europa.

Ésta es la fotografía grotesca que dejó aquella diplomacia: un soldado español no puede instalarse en Perejil. Un guardia civil tampoco. No puede existir un cuartel español. No puede ondear permanentemente una bandera española.

Pero los fardos de hachís sí si guardan en Perejil.

Las lanchas de los narcotraficantes sí amarran en la isla.

Los traficantes sí han aprovechado su magnífico fondeadero natural y su extraordinaria proximidad a la costa marroquí.

Y cuando España quiere intervenir tiene que hacerlo desde fuera, mediante patrulleras, helicópteros, radares y operaciones puntuales.

Esto fue lo que negociaron el acuerdo de 2002. Que Perejil se convirtiera en santuario del narcotráfico marroquí, con prohibición de que las autoridades españolas pisaran la isla.

Ya no estamos hablando únicamente del tradicional hachís producido en Marruecos. En mayo de 2026 el Gobierno español reconocía la existencia de alrededor de 600 embarcaciones rápidas vinculadas al narcotráfico, en el área del Estrecho, mientras el Departamento de Seguridad Nacional advertía de que la reactivación de la ruta del hachís desde Marruecos hacia España también suministraba cocaína sudamericana destinada al mercado europeo.

Perejil está situado exactamente delante de uno de los escenarios más sensibles de todo este tráfico.

Y aquí llegamos a la pregunta que el Estado español debería hacerse.

¿Por qué España continúa aceptando en 2026 que un territorio cuya soberanía considera española sea una tierra de nadie institucional?

¿Por qué puede desembarcar allí un narcotraficante, pero no lo puede hacer la guardia civil?

La sospecha de la colaboración de España con el narcotráfico marroquí empieza a señalar algunas decisiones del ministerio del interior, como la de eliminar OCON-SUR, órgano de coordinación contra el narcotráfico de la guardia civil, creado en 2018, con 150 guardias civiles que pusieron en jaque el narcotráfico procedente de Marruecos, con mas de doce mil detenciones.

Las operaciones de Ocon Sur molestaron tanto a Marruecos por lo que en el año 2022 el ministro Marlaska la desmanteló, para alivio de las seiscientas narcolanchas que operan en las costas del sur de España y que utilizan subfusiles Skorpion y fusiles de asalto AK-47 para enfrentarse a los guardias civiles que apenas disponen de pistolas con munición racionada.

Gracias, ministro Marlaska. Gracias Pedro Sánchez. Gracias José María Aznar. Los narcotraficantes de Marruecos que amarran en Perejil os lo agradecerán de por vida.