Daniel Lacalle.- El Gobierno lleva años vendiendo la idea de que la inflación era un fenómeno importado, transitorio y ya superado. Sánchez afirmó, con su habitual tono melifluo que el suyo era “el Gobierno que mejor ha controlado la inflación”. La realidad es muy distinta. Casi año y medio con inflación (IPC) mayor que la media de la zona euro, precios de los alimentos y de la vivienda disparados, y una economía privada ahogada.

Sí, el exceso de inflación en España con respecto a la eurozona es culpa del Gobierno. Disparar el gasto político es imprimir moneda por encima de la demanda del sector privado, aunque no tengamos banco central. No solo eso.

Sus regulaciones absurdas, leyes intervencionistas, expolio fiscal y ataque a ganadería, agricultura, industria y empresas frenan la capacidad de aumentar la oferta, la competencia y, con ello, controlar los precios. Ningún gobierno de España ha sido más intervencionista.

El resultado: subida de los alimentos de más del 41% con Sánchez, subida de la vivienda y servicios básicos, más del 27%, y caída de los salarios reales netos de un 3,5%. El sanchismo se lucra con la mayor inflación al negarse a deflactar los impuestos y, además, disfraza la ratio de deuda y déficit inflando el denominador (PIB nominal). Fascinante.

Sánchez le dijo a Rajoy en sede parlamentaria en 2015, “señor Rajoy, usted le sale muy caro a los españoles”, “los precios que dependen de usted no han dejado de subir durante sus años de Gobierno”, “ha aumentado la factura del gas y de la electricidad”. Pues bien, con Sánchez, los precios han subido más de cuatro veces y media más que con Rajoy. Los precios que “dependen de usted”, como le espetó a Rajoy, han subido más del triple con usted, señor Sánchez, y mucho más que en la media de la eurozona.

Toda la propaganda de Sánchez, su afán por echar balones fuera y su constante culpa a factores externos se desmorona cuando se comprueba que la inflación es muy superior a la media de la eurozona que sufre los mismos efectos externos.

Sánchez te hace pobre, echa balones fuera y encima te dice que se lo agradezcas.

Los datos del INE de este 28 de agosto de 2026 desmienten la propaganda sanchista. El IPC adelantado se disparó al 4,3% anual, siete décimas más que en julio, su nivel más alto desde febrero de 2023, y el IPC armonizado (IPCA) escaló al 4,5%, seis décimas más. La inflación encadena siete meses consecutivos de alzas y casi un año y medio por encima de la media de la eurozona.

No es solo energía. En julio subieron a la vez la general y la subyacente. El transporte subió en julio un 6,2% anual y la vivienda un 5,7%, según el INE. Y en el avance de agosto la subyacente armonizada vuelve a subir, hasta el 3,2%. Nada de esto lo puede achacar a un shock externo. Son trabas interiores, costes regulatorios e impuestos.

La comparación es la prueba del fracaso. En julio, el IPCA español fue del 3,9% frente al 2,9% de la eurozona: un punto entero de diferencial y la tasa más alta de las grandes economías del euro, por encima de Alemania (2,8%), Italia (2,9%) y Francia (2,4%). A espera de datos de agosto, la comparación será similar, con un IPCA de 4,5% en España y tasas muy inferiores en las economías comparables.

La serie oficial del INE es demoledora. Desde mayo de 2025 hasta julio de 2026, quince meses consecutivos con inflación superior a la media de la eurozona. Con el avance del 4,5% de agosto frente a una eurozona que rondaba el 2,9%, el decimosexto mes está garantizado. España ha ampliado la brecha de precios con la zona euro y con ello pierde todavía más competitividad.

Esto no es mala suerte. Es el resultado de un modelo que encarece la alimentación, la vivienda y la energía por diseño, asfixia la producción y la oferta con impuestos y trabas, y utiliza la subida de precios como maquinaria de recaudación.

Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, hasta julio de 2026 la inflación acumulada es del 26,4% según la propia calculadora del INE. Añadiendo el 0,7% mensual de agosto, el acumulado supera el 27%.

Cada 100 euros ahorrados en 2018 valen hoy menos de 79 en poder de compra. Y esa pérdida no se ha compensado con salarios. La OCDE certifica que el poder adquisitivo de los sueldos españoles ha perdido dos puntos porcentuales desde 2021, frente a un avance medio de un punto en el conjunto de las economías avanzadas. Los salarios reales siguen un 2% por debajo del nivel del primer trimestre de 2021, y si se añade la mayor carga impositiva la caída supera el 5%. Con los datos de 2026, nos enfrentamos a otro año de empobrecimiento.

Hacienda se llena los bolsillos

Mientras las familias pierden, Hacienda gana. La recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 148.944 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 10,4% más que un año antes: 14.089 millones adicionales, con el IRPF creciendo un 10,6% y el IVA un 8,4%.

El mecanismo se llama progresividad en frío, pero es el expolio en caliente. Los tramos, mínimos y deducciones del IRPF no se actualizan con la inflación, de modo que un salario que sube en términos nominales y baja en términos reales paga un tipo efectivo más alto.

El resultado es una subida de impuestos silenciosa, nunca votada y que afecta mucho más a los trabajadores de clase media y baja a los que el socialismo finge proteger. La fiscalidad efectiva media sobre los salarios pasó del 15,5% en 2019 a un 17,5% previsto en 2025, con un IPC acumulado del 23,5% entre 2020 y 2025 sin deflactar la tarifa.

El diferencial español tiene causas identificables, y casi todas son de política interna o europea. La mayor parte del encarecimiento de la electricidad para el consumidor es estructural y regulatoria. Penalización al respaldo, mix politizado, ruina fiscal a las nucleares, el sobrecoste permanente de los servicios de ajuste y el “modo reforzado” del sistema tras el apagón del 28 de abril de 2025 se traslada directamente a las tarifas y al IPC español, no al alemán ni al francés.

La crisis actual no es de crudo, es de capacidad de refino, y esa capacidad se ha destruido por decisión política. Europa cerró en un solo año cuatro refinerías, 400.000 barriles diarios de capacidad propia, aumentando su dependencia de importaciones.

Penalizar fiscal y normativamente el refino solo lo hace más caro. Al expolio del diésel y la gasolina que acumulan más de un 45% de impuestos, se suma la asfixia regulatoria y fiscal que agricultores y ganaderos llevan años denunciando en la calle. Las regulaciones y exigencias absurdas y una fiscalidad de módulos que ignora la escalada de costes. Cuando se destruye capacidad productiva nacional, el ajuste llega por precio.

La inflación es siempre un fenómeno monetario y fiscal. Más unidades de moneda destinadas a un gasto público creciente, con una oferta interna que se estrangula por vía regulatoria e impositiva. Los precios suben porque el Estado necesita que suban.

El balance del sanchismo es claro. Más de un 27% de inflación acumulada, dieciséis meses peor que la media de la eurozona, salarios reales netos por debajo de 2019, renta disponible cayendo y una recaudación récord expoliando a los trabajadores. Los ciudadanos pagan el expolio dos veces, en el supermercado y en la nómina.

La solución no es un nuevo decreto de rebajas temporales propagandísticas. La solución es deflactar los impuestos a la inflación real, eliminar la fiscalidad artificial sobre la energía, las regulaciones asfixiantes, dejar de destruir capacidad de refino y de producción agroganadera, y reducir el gasto público estructural que exige más impuestos e inflación cada año. Todo lo demás es crear pobres y llamarlo cohete.