Hay acontecimientos históricos que no regresan exactamente de la misma forma, pero dejan un patrón. Y España debería mirar lo que sucedió hace medio siglo en el Sáhara Occidental, porque algunas de las imágenes, de los silencios y de las contradicciones de entonces empiezan a resultar familiares.

En 1975 agonizaba Franco. El príncipe Juan Carlos de Borbón asumió interinamente la Jefatura del Estado el 30 de octubre y, apenas tres días después, el 2 de noviembre, apareció por sorpresa en El Aaiún vestido de uniforme para encontrarse con las tropas españolas. No era una visita cualquiera. Marruecos preparaba la Marcha Verde, el Ejército español estaba desplegado y existía un profundo malestar entre los militares ante la posibilidad de que Madrid terminase abandonando el territorio.

España había convertido administrativamente el Sáhara en provincia. La Ley 8/1961 hablaba literalmente de la “Provincia de Sahara”, establecía su capital en El Aaiún y le reconocía “los derechos de representación en Cortes” correspondientes a las provincias españolas. En vísperas de la Marcha Verde había incluso cinco procuradores saharauis en Madrid defendiendo que la soberanía futura correspondía al pueblo saharaui.

Sin embargo, Naciones Unidas consideraba el Sáhara un territorio pendiente de descolonización.

Aquel 2 de noviembre Juan Carlos pronunció ante los militares unas palabras que parecían transmitir firmeza. Aseguró que se haría cuanto fuese necesario para preservar el prestigio y el honor del Ejército y añadió: “España cumplirá sus compromisos” y protegería los legítimos derechos de la población saharaui.

Y aquí comienza la parte más incómoda de la historia, porque documentos norteamericanos desclasificados permiten hoy conocer lo que el 3 de noviembre de 1975, apenas veinticuatro horas después de aquella arenga en El Aaiún, Manuel Prado y Colón de Carvajal, hombre de absoluta confianza de Juan Carlos, se entrevistó en Washington con Henry Kissinger llevando un mensaje personal del príncipe.

Juan Carlos no quería una guerra por el Sáhara, y quería negociar con Marruecos y, sobre todo, trasladó una frase inequívoca: el príncipe había decidido que España debía abandonar el Sáhara.

El contraste resulta demoledor. El domingo se estaba ante los soldados españoles asegurándoles que España cumpliría sus compromisos y protegería a los saharauis. El lunes, su emisario explicaba a Kissinger que la decisión de abandonar el territorio ya estaba tomada y que había que encontrar la fórmula para pactar la salida con Marruecos.

Los documentos demuestran algo suficientemente serio: mientras públicamente se transmitía una imagen de resistencia, privadamente Juan Carlos había decidido abandonar el territorio, pretendía negociar directamente con Hasán II y buscaba simultáneamente el respaldo político de Estados Unidos para asegurar la estabilidad de su próxima etapa como rey.

Medio siglo después, España debería preguntarse si determinadas historias pueden repetirse.

Ahora ya no se llama Sáhara. Se llama Ceuta y Melilla.

Ceuta y Melilla no tienen la situación jurídica que tenía el Sáhara Occidental en 1975. No son territorios pendientes de descolonización para Naciones Unidas. La comparación es política: presión marroquí, dependencia española, diplomacia opaca y posibilidad de que se imponga progresivamente una política de hechos consumados.

Marruecos, además, ya ni siquiera disimula sus aspiraciones. El ministro de Justicia marroquí ha declarado este mismo agosto que Rabat continúa considerando Ceuta y Melilla como tierras marroquíes y, lo que resulta todavía más sospechoso, ha afirmado que la cuestión se plantea en las reuniones que mantienen responsables marroquíes y españoles.

Esta afirmación obliga a una pregunta que el Gobierno español no debería poder esquivar: si Marruecos plantea Ceuta y Melilla en sus reuniones con España, ¿qué responde exactamente España en esas reuniones?

Se sospecha que Pedro Sánchez ha pactado secretamente la futura entrega de Ceuta y Melilla a pesar de que públicamente el Gobierno acaba de trasladar oficialmente a Rabat su “rechazo tajante” a cualquier pretensión sobre ambas ciudades. Nos recuerda como Juan Carlos afirmaba la defensa del Sáhara a la vez que pactaba con Marruecos la entrega.

Y es que Pedro Sánchez ya realizó en 2022 el mayor giro de la política española sobre el Sáhara en décadas, al comunicar a Mohamed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía como la propuesta “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

Cuatro años después, un ministro del Gobierno marroquí afirma públicamente que Ceuta y Melilla siguen sobre la mesa.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno español para mantener la actual relación privilegiada con Marruecos?

Y los acontecimientos de Ceuta han demostrado nuevamente hasta qué punto la frontera con Marruecos puede convertirse, en cuestión de horas, en un problema nacional.

Ahí aparece el segundo Borbón.

Felipe VI no tiene los poderes que tenía Juan Carlos como jefe del Estado en funciones durante los últimos días del franquismo. La Constitución establece que el Gobierno dirige la política exterior y que los actos del Rey necesitan refrendo.

Pero Felipe VI es algo más que un funcionario protocolario. La misma Constitución lo define como jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia y máxima representación internacional de España.

Y precisamente por eso su presencia tiene valor.

Felipe VI no ha visitado Ceuta durante esta crisis. Pero resulta revelador que incluso la eventual presencia del rey de España en Ceuta se analice previamente en función de cómo pueda ser interpretada por Marruecos.

Un rey de España no debería necesitar calcular si visitar Ceuta puede molestar a Rabat. Pedro Sánchez no debería calcularlo. Ningún Gobierno debería hacerlo.

La lección del Sáhara no consiste en afirmar que en 2026 estemos exactamente donde estábamos en 1975. La lección es otra: los territorios empiezan a perderse mucho antes de que se firme su pérdida.