Therese Jamaa

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha movilizado 6,5 millones de euros para que Cruz Roja gestione la asistencia a los miles de inmigrantes llegados de forma ilegal a Ceuta en la invasión de finales de julio y agosto de 2026.

La partida, articulada mediante una declaración de emergencia, permite a la organización humanitaria reforzar el reparto de kits de alimentación (unos 4.000 diarios desde principios de agosto), productos de higiene, atención sociosanitaria básica y la habilitación de hasta 1.500 plazas temporales en cuatro nuevos dispositivos. Fuentes oficiales del ministerio confirman que Cruz Roja asume el papel prioritario en esta respuesta humanitaria a las personas en situación de vulnerabilidad que permanecen en calles, playas y alrededores del CETI de la ciudad autónoma.

La asignación se produce en pleno debate sobre el volumen de llegadas ilegales y el coste público de su gestión. Cruz Roja, que ya colaboraba en el terreno, pasa así a administrar estos fondos extraordinarios mientras vecinos y críticos denuncian la presión sobre los servicios locales y reclaman más recursos para la población residente.

En este contexto cobran especial relevancia los vínculos del Gobierno con la estructura de la organización. Therese Jamaa, pareja del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, ostenta desde 2022 el cargo de vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja Española, entidad paralela a la Cruz Roja operativa. Aunque el puesto es honorífico y no remunerado, y la Fundación no gestiona directamente las partidas de emergencia como la de 6,5 millones, su presencia en el patronato de la fundación vinculada a la organización que recibe estos fondos públicos genera cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses o la cercanía entre el Ejecutivo y una de las principales receptoras de ayudas para la atención a la inmigración irregular.

Jamaa, ejecutiva del sector tecnológico con trayectoria en empresas como Huawei y Openchip, mantiene su relación sentimental con Albares, quien ha visitado Ceuta durante la crisis. El Gobierno insiste en que no existe conflicto y que la Fundación no percibe las subvenciones operativas de la Cruz Roja, pero la coincidencia de la vicepresidencia de la pareja del ministro con la nueva movilización de millones para gestionar la situación migratoria en Ceuta alimenta las críticas de quienes ven en ello un ejemplo de los lazos entre el poder político y las entidades que intervienen en la respuesta a las llegadas ilegales.

La crisis de Ceuta, con decenas de miles de entradas en pocos días y miles de personas aún en la calle, sigue exigiendo recursos públicos mientras el debate sobre el modelo de gestión humanitaria y sus costes se intensifica.