Otro “caso aislado” y otra vez la ocultación de datos sobre el asesino. En el reciente atropello contra una marcha del Orgullo en Alemania, las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre. Como sucede en cualquier investigación, es razonable que las autoridades eviten conclusiones precipitadas. Lo que ya no resulta tan razonable es que, cuando empiezan a conocerse indicios sobre una posible motivación yihadista o islamista del autor —si finalmente quedan acreditados por la investigación—, la información pública siga transmitiéndose con una cautela que muchos ciudadanos perciben como desproporcionada.

¿Por qué cuesta tanto llamar a las cosas por su nombre cuando detrás de un crimen puede encontrarse el fanatismo islamista?

No hablamos de condenar a una religión. Hablamos de la resistencia casi enfermiza de buena parte de la clase política y mediática europea a reconocer con claridad la existencia de un problema específico llamado yihadismo. Lamentablemente, esa resistencia tiene un precio.

Cuando la información se administra con cuentagotas y determinados datos parecen esconderse hasta que resulta imposible seguir ocultándolos, o cuando cuando las motivaciones ideológicas del agresor reciben un tratamiento muy distinto según cuál sea esa ideología, los ciudadanos empiezan a pensar que alguien está intentando proteger un relato antes que contar la verdad.

La comparación es inevitable. Imaginemos por un momento que el autor hubiera sido un conocido militante neonazi, un activista de extrema derecha o un simpatizante de organizaciones ultranacionalistas. ¿Alguien cree seriamente que durante horas o días se habría evitado hablar de su ideología? ¿Alguien piensa que responsables políticos, comentaristas y buena parte de los medios habrían mostrado el mismo escrúpulo a la hora de relacionar el crimen con la radicalización ultraderechista? La respuesta parece evidente.

En ese supuesto, el debate sobre el auge de la extrema derecha habría ocupado portadas, editoriales y tertulias desde el primer minuto. Se habría hablado de discursos de odio, de radicalización política y de amenazas para la democracia.

Sin embargo, cuando el presunto autor procede del entorno del islamismo radical, el vocabulario cambia de repente.

Entonces aparecen las apelaciones constantes a la prudencia, los eufemismos, las referencias a posibles trastornos psicológicos, las motivaciones personales o las circunstancias individuales. Todo parece diseñado para evitar que la palabra “yihadismo” aparezca demasiado pronto, incluso cuando existen indicios que justifican investigarla.

La prudencia judicial es imprescindible, sí, pero la prudencia selectiva, no lo es, entre otras cosas porque una democracia no puede permitirse dos criterios informativos distintos dependiendo de quién sea el agresor.

Eso no protege la convivencia, antes al contrario, la destruye.

La cuestión es que cada vez que las instituciones europeas parecen más preocupadas por evitar determinadas interpretaciones políticas que por ofrecer información transparente, la confianza ciudadana sufre un nuevo golpe. Y ya se sabe que cuando desaparece la confianza, aparece la sospecha.

Muchos europeos ya no se preguntan únicamente quién cometió un atentado. Empiezan a preguntarse por qué determinadas autoridades parecen tener tanto miedo a explicar quién lo cometió y qué ideología pudo inspirarlo.

Esa percepción —sea acertada o equivocada en cada caso concreto— constituye un problema político de primera magnitud.

La gravedad de este asunto se resume en una pregunta clave: Si el autor del atropello contra una marcha del colectivo gay en Alemania hubiera sido la llamada ultraderecha, ¿habríamos asistido al mismo nivel de cautela informativa?