Hubo un tiempo en que el uniforme de la Guardia Civil representaba sacrificio, disciplina y un compromiso inquebrantable con España y con la ley. Un tiempo en el que el honor no era un lema vacío, sino una forma de vida. Hoy, sin embargo, ese honor parece haberse perdido entre escándalos, luchas de poder y una insoportable contaminación política que amenaza con erosionar el prestigio de una de las instituciones más respetadas del Estado.

Los últimos episodios que afectan a determinados mandos no son simples anécdotas. Son heridas profundas que dañan la credibilidad de miles de guardias civiles que cada día se juegan la vida con profesionalidad, mientras contemplan con indignación cómo unos pocos convierten la institución en un campo de batalla para intereses ajenos al servicio público.

Lo más grave no son únicamente las investigaciones, las sospechas o las informaciones que se suceden. Lo verdaderamente devastador es la percepción de que algunos altos responsables han olvidado cuál es su misión. Cuando un mando deja de servir a la institución para servir a intereses políticos o personales, deja de ser un referente y se convierte en un problema.

La Guardia Civil no pertenece a ningún partido. No puede convertirse en herramienta de estrategias gubernamentales ni de operaciones políticas. Quien utiliza su posición para favorecer o perjudicar a unos u otros traiciona la esencia misma del Cuerpo y mancilla el legado de generaciones de guardias civiles que construyeron su prestigio con sangre, esfuerzo y lealtad.

Resulta especialmente doloroso observar cómo determinados activistas políticos, desde dentro o desde fuera de la institución, pretenden moldear la Guardia Civil según intereses ideológicos. No buscan fortalecerla; buscan instrumentalizarla. Cada maniobra encaminada a colocar la institución al servicio de una causa política supone un golpe directo a la confianza de los ciudadanos.

Mientras tanto, el guardia civil que patrulla una carretera, protege una frontera, rescata a un montañero o combate el narcotráfico sigue cumpliendo con su deber. Él paga el precio de la desconfianza que generan quienes ocupan despachos y parecen haber olvidado que el mando no es un privilegio, sino una enorme responsabilidad.

El honor no desaparece de golpe. Se pierde lentamente, cuando se tolera lo intolerable; cuando se premia la obediencia política por encima del mérito; cuando el silencio sustituye a la ejemplaridad; cuando nadie asume responsabilidades. Y recuperar ese honor cuesta décadas.

La Guardia Civil merece dirigentes que estén a la altura de su historia, no administradores de intereses partidistas. Merece mandos cuya única lealtad sea la Constitución, la ley y los ciudadanos. Todo lo demás es una degradación institucional que solo beneficia a quienes desean ver debilitadas las instituciones del Estado.

El mayor enemigo de la Guardia Civil no siempre viste de delincuente. A veces lleva galones, y cuando eso ocurre, el daño es mucho más profundo. Porque el honor, sencillamente, ya ni se divisa.