Marcelo Duclos.- El brutal crimen de una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba puso una vez más la discusión de la violencia sobre la mujer arriba de la mesa. En el debate, la gente con algo de lógica y sentido común pusieron el énfasis en la necesidad de políticas preventivas y de duras penas contra los agresores. Sin necesario conocimiento jurídico, muchos comunicadores, apelando a sus entrañas, manifestaron la necesidad de aplicarles a estos delincuentes «la pena de muerte». Cuando los intercambios en los paneles periodísticos se tornan más técnicos y se aclara que en Argentina no existe la pena capital, los indignados por estos hechos aberrantes solicitan que, al menos, estos antisociales pasen el resto de su vida encerrados y no vuelvan nunca a salir a la calle.

Cabe destacar que, en el crimen de Agostina Vega, las pruebas contra el único imputado parecen ser contundentes: Claudio Barrelier ya tenía antecedentes por hechos de violencia contra otras mujeres (a una la había golpeado y retenido contra su voluntad en su domicilio) y existen registros de cámaras de seguridad que lo vieron ingresar a su casa con la menor asesinada. Las grabaciones también lo tomaron saliendo de allí con bolsas y un tacho de basura, mientras que a ella no se le volvió a ver con vida. Como si esto fuera poco, los reportes de geolocalización ubicaron la señal de su teléfono celular en el descampado donde apareció el cuerpo de Vega, con lesiones compatibles con una agresión sexual y muerte por asfixia.

Mientras que en el debate público los que piden las penas más duras para los malhechores suelen ser varones, del otro lado de la discusión aparece una paradoja feminista difícil de ignorar, porque condenan al patriarcado como sistema opresor, pero evitan responsabilizar a individuos concretos por sus crímenes, atribuyendo los delitos más aberrantes a causas estructurales. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿quién encarna ese patriarcado opresor?

Esta contradicción del pensamiento socialista —que termina absolviendo a los individuos en nombre de estructuras abstractas— deja a las feministas cada vez más alejadas del sentido común de la mayoría. Cuando la sociedad sale a pedir justicia contra violadores y asesinos con nombre y apellido, las mismas voces que advertían sobre el «patriarcado» aparecen pidiendo penas benévolas. El argumento es siempre el mismo: «Todos tienen derecho a reinsertarse en la sociedad», como si ceder ante la indignación popular fuera hacerle el juego a la «ultraderecha punitivista».

De esta manera, con los ánimos muy caldeados por esta tragedia reciente, paradójicamente, quienes salen a decir que los hombres que violan y matan lo hacen por culpa de la sociedad, de la cultura y del capitalismo, son las feministas. Estas posiciones no se limitan al kirchnerismo o a la izquierda dura: las feministas de la socialdemocracia o la centroizquierda salen a manifestarse en nombre del derecho a la reinserción, convencidas de que nadie debería pasar el resto de su vida encarcelado.

Los prejuicios ideológicos colectivistas que justifican el delito han llevado a las feministas a un discurso que las ha terminado de aislar del sentido común mayoritario. La construcción del «heteropatriarcado» como una herramienta del «neoliberalismo» utilizada por la «ultraderecha» y todas las palabras con prefijo que forman parte de este discurso ha quedado al descubierto una vez más.

De esta manera, el feminismo del «ni una menos» se quedó aislado en el debate pidiendo que no se castigue demasiado a los hombres que violan y matan mujeres. Sí, las de las consignas como «muerte al macho», «abortalo por si es hombre» o «machete al machito». Insólito.