La evolución de los acontecimientos que se van conociendo día a día, y que el gobierno califica de “marrullerías” de la oposición para echarlos del poder, hace insostenible mantener esta situación durante más tiempo. Pese a ello, Sánchez reitera que se va a prolongar hasta 2027, completando los 4 años de la actual legislatura, lo que provoca la reacción de los socios de la “coalición progresista” gubernamental y de sus aliados parlamentarios, que se desmarcan del sanchismo intentando marcar distancia.

Los socios “progresistas” de Sumar critican duramente lo que sucede con epicentro en “Ferraz” -intentando alejarlo de la Moncloa-, exigiendo que el PSOE debe “rendir cuentas”. Pero mientras, reafirman la voluntad de seguir manteniendo sus 5 carteras ministeriales en el gobierno. Por su parte, los aliados parlamentarios Junts y PNV, que no están en el ejecutivo, van más allá y públicamente afirman que deben convocarse elecciones generales inmediatas, ya que no apoyan al gobierno y es imposible prolongar esta situación más allá de este año. Lo que acredita cuando menos que existe una mayoría clara del Congreso que se sitúa claramente en la oposición. En concreto, son 184 esos diputados, pertenecientes al PP, Vox, UPN y CC, además de los hasta ahora sanchistas Junts y PNV. Es sabido que la moción de censura no la aceptan los nacionalistas catalanes y vascos por descartar una iniciativa que permitiera un gobierno con Vox. Ante esa situación el líder Popular, Núñez Feijóo, promueve la posibilidad de una moción claramente “instrumental”, que tenga por objetivo único el convocar elecciones inmediatamente. Y convocadas por un gobierno sin la presencia de Vox en él. Además de estos 184 diputados, están los propios alcaldes y concejales socialistas, que temen la posibilidad de un “súper domingo” electoral el próximo 23 de mayo con municipales y generales.

Lo más adecuado en una democracia parlamentaria ante una evidente pérdida de la mayoría en el Congreso es que el presidente disuelva el Parlamento y convoque elecciones anticipadas. O que, en su defecto, haga uso de un instrumento previsto en la Constitución para dar respuesta a una situación de estas características y que es la “cuestión de confianza”, prevista en el artículo 114, pero que solo la puede plantear ante el Congreso el propio presidente previa deliberación del Consejo de Ministros. Caso de no obtenerla de los diputados, automáticamente se disuelven las Cortes Generales y se convocan elecciones. Está claro que si un presidente tiene la convicción de que la confianza solicitada no la va a obtener y pese a ello la plantea, es porque tiene conciencia de que es una exigencia democrática hacerlo. Que no es el caso actual.