La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio
Los equipos negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (los gobiernos) alcanzaron este lunes un pacto sobre la normativa de retornos que endurece las condiciones para quienes vean rechazada su solicitud de asilo en la Unión Europea y afianza la opción de que los Estados miembro trasladen los centros de deportación a países terceros, siguiendo la estela del acuerdo sellado por Italia con Albania.
El entendimiento se ha cerrado tras superar el último punto de fricción, la fecha de entrada en vigor. La Eurocámara presionaba para que el nuevo régimen se aplicara ya en enero, mientras que los Veintisiete reclamaban un margen de un año. Finalmente, según han indicado fuentes de la negociación, la mayoría de las disposiciones comenzará a aplicarse en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor, aunque algunas medidas, como el respaldo a la externalización de los centros de deportación y el refuerzo del papel de la agencia europea de fronteras (Frontex), se activarán desde el momento en que la norma se publique en el Diario Oficial de la UE (DOUE).
El texto introduce la obligación de que los solicitantes de asilo colaboren con las autoridades para facilitar su salida del territorio comunitario si su petición es denegada, y contempla además periodos máximos de internamiento de hasta 24 meses para las personas sujetas a repatriación que no cooperen o cuando las autoridades aprecien riesgo de fuga.
Estos periodos podrán aplicarse también a menores no acompañados y a familias con hijos pequeños, dado que, aunque se especifica que debe tratarse de una medida de “último recurso” y por el tiempo más breve posible atendiendo al interés superior del menor, la directiva no fija un límite específico inferior al máximo general de 24 meses.
En cualquier caso, las razones para ordenar la detención y la duración concreta deberán definirse en la legislación de cada Estado miembro y serán los jueces quienes decidan en última instancia. El nuevo marco también reconoce la facultad de los países de la UE para ofrecer alternativas al internamiento, como la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, notificar un domicilio estable o constituir una garantía económica.
Asimismo, a propuesta de la Comisión Europea, cualquier Estado miembro deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y órdenes de expulsión dictadas por otro país de la Unión antes del 1 de julio de 2027. El Estado en cuyo territorio se encuentre la persona afectada por la orden asumirá la responsabilidad de materializar su retorno.
Centros de detención y externalización
La nueva directiva consolida la figura de los centros de deportación en terceros países, con los que la Unión pretende externalizar parte del proceso de retorno de los inmigrantes a quienes se deniegue el asilo, de manera que permanezcan fuera del territorio comunitario mientras se tramita su expulsión definitiva al país de origen o de tránsito correspondiente.
Con este enfoque, el bloque da cobertura a esquemas como el que el Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni acordó con Albania para enviar allí a los migrantes sin derecho a protección internacional mientras se gestiona su salida, y admite que este tipo de acuerdos puedan ser cerrados tanto por uno o varios Estados miembro como por la propia Unión.
En cualquier caso, estos mecanismos, para los que se establece ahora un encaje jurídico específico porque hasta el momento chocaban con el Derecho comunitario, no podrán utilizarse para trasladar a menores no acompañados.
El acuerdo ha suscitado fuertes críticas de organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha advertido de que el resultado será “una legislación plagada de peligrosos vacíos” que dejará a los migrantes en situación de desprotección. “Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos”, ha alertado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.











