Pablo Iglesias construyó durante años una parte importante de su discurso público sobre la defensa de los trabajadores, la justicia social y la crítica a las prácticas empresariales que consideraba abusivas. Precisamente por eso, cualquier controversia relacionada con las condiciones laborales en Canal Red adquiere una relevancia política y moral mucho mayor que la que tendría en cualquier otra empresa de comunicación.

Jornadas de quince horas, bajas por ansiedad y vulneración de derechos fundamentales. Una docena de exempleados de Canal Red y Podemos destapan en un documental los supuestos abusos laborales de la cúpula, abriendo una guerra abierta con el medio de Pablo Iglesias, que ya amenaza con demandas por calumnias.

Durante años, el universo mediático y político liderado por Pablo Iglesias ha hecho de la lucha contra la precariedad su gran trinchera moral, convirtiendo a los grandes empresarios en el blanco perfecto de sus discursos sobre explotación e impago de horas extraordinarias. Sin embargo, este relato oficial promete saltar por los aires desde sus propios cimientos este 27 de mayo. Con el inminente estreno de la serie documental Romper el bloque –producida por Mu Producións y dirigida por el cineasta y sindicalista coruñés Iago Prada–, las tres entregas de esta producción amenazan con dinamitar por completo la superioridad moral del proyecto al destapar la cruda realidad laboral que se vive intramuros.

A través del testimonio de más de una docena de extrabajadores y exbecarios de Canal Red, La Tuerka, La Última Hora y Podemos, la producción saca a la luz un reguero de denuncias que apuntan a jornadas interminables, persecuciones ideológicas, mobbing y hospitalizaciones por estrés, retratando dinámicas de poder que sus propios protagonistas definen como idénticas a las de las empresas que públicamente aseguran combatir.

La ironía del caso queda retratada de forma demoledora en las declaraciones de Paola Marañón, una de las extrabajadoras que participa en el documental. «Te obligan a hacer un programa sobre los empresarios que no pagan las horas extra cuando a ti te deben millones de horas extra», denuncia con dureza, lanzando una pregunta directa al núcleo directivo del proyecto: «¿Qué te diferencia a ti, ahora mismo, de cualquier empresario explotador?».

Los relatos sobre las consecuencias físicas de estas dinámicas son una constante a lo largo del metraje. Javier Garrido, otro de los exafectados, detalla la dureza de los horarios afirmando que «entraba a trabajar a las nueve y cuarto y salía a las doce de la noche», una rutina de presión extrema que le acabó pasando factura a nivel de salud. «Empecé a ver destellos con un punto blanco en la visión y tuve que hacer terapia», confiesa Garrido, coincidiendo con otros testimonios que aseguran haber sustituido a compañeros que quedaron «ciegos por el estrés» o que desarrollaron cuadros severos de migrañas y ansiedad.

Articula la narrativa de esta cinta el caso de Sergio Gregori, quien cofundó Canal Red junto con Pablo Iglesias en 2022 para terminar demandando al medio, tan solo un año después, por acoso laboral. Su conflicto, resuelto hace apenas unos meses con un acuerdo extrajudicial, funcionó como un catalizador inesperado: al hacerse público su caso, más de medio centenar de antiguos compañeros de ese entorno decidieron romper el silencio y compartir con él sus propias experiencias para ponerlas en conocimiento del director. Se despliega así una historia contada en primera persona por alguien que compartió trinchera con los líderes del espacio y que, precisamente por haber vivido el engranaje desde dentro, decidió que no podía mirar para otro lado.

Lejos de quedarse en una mera queja por la sobrecarga de trabajo, este movimiento destapa un trasfondo jurídico que evidencia un problema estructural en este espacio político y sus medios. Al respecto, Fran Suárez, representante de los trabajadores de Podemos durante el ERE, afirma que existe un colosal volumen de jurisprudencia y sentencias que declaran que la formación «vulnera derechos fundamentales«, matizando que la culpa no es de la militancia, sino de »personas que dirigen esta organización».

Según la documentación aportada por Mu Producións, que incluye hasta nueve resoluciones judiciales, muchos de estos conflictos se cerraron en el pasado con acuerdos extrajudiciales y compensaciones de más de 100.000 euros por persona para evitar el desgaste público; un patrón de silencio que empujó al propio Gregori a dar el paso definitivo:«Cuando vi que las personas que me destrozaron la vida seguían haciéndole lo mismo a quienes venían detrás, me sentí culpable por no hacer nada».

El problema no es únicamente si existen o no conflictos laborales concretos. El verdadero problema es la enorme distancia que puede percibirse entre el discurso y la práctica. Quien ha dedicado años a denunciar la precariedad, exigir ejemplaridad a empresarios y señalar públicamente a quienes incumplen sus responsabilidades sociales se expone inevitablemente a un escrutinio más severo cuando surgen dudas sobre su propio entorno profesional.

La autoridad moral no se basa solo en las ideas que se defienden, sino también en la capacidad de aplicarlas cuando uno ocupa posiciones de poder, y ahí es donde las controversias relacionadas con Canal Red han generado preguntas incómodas para Iglesias y su entorno.

Resulta especialmente llamativo que quienes han exigido durante tanto tiempo estándares máximos a adversarios políticos, medios de comunicación y empresas privadas se enfrenten ahora a cuestionamientos similares. La exigencia de ejemplaridad funciona en ambas direcciones: quien la reclama para los demás debe estar dispuesto a soportarla sobre sí mismo.

Por eso, el debate sobre Canal Red trasciende lo laboral. Se ha convertido en una discusión sobre credibilidad. Cuando un proyecto se presenta como alternativa ética a un sistema supuestamente injusto, la sociedad tiene derecho a preguntarse si realmente opera de acuerdo con los principios que proclama.

Estas polémicas  son el mejor síntoma de un problema más profundo: la dificultad de trasladar a la gestión cotidiana los ideales que tan fácilmente se defienden desde un plató o una tribuna política.

Un proyecto que nació reivindicando la defensa de los trabajadores se enfrenta a la contradicción de incumplir internamente los mismos principios que exige para los demás.