El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

Esta misma semana, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señalaba en el Congreso que el procedimiento de regularización se está desarrollando “con normalidad”. “Es verdad que en las primeras semanas hubo una afluencia mucho mayor, es normal, contábamos con ello, pero creemos que tenemos capacidad para responder con los recursos, con la información, con la actualización constante”, recalcó sin especificar el volumen de solicitudes ya registradas.

El Ejecutivo de Ayuso alega que la norma “afecta gravemente” a la prestación de servicios públicos sin financiación o medios para auxiliar a las autonomías . Inicialmente fechada para el 13 de mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tuvo que retrasarla por necesidades del servicio.