Un aire de déjà vu. El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo a la Comisión que active un mecanismo legal que suspenda la ayuda europea a Eslovaquia. Los eurodiputados se muestran preocupados por la situación en el país liderado por Robert Fico, quien “no debe convertirse en otro Orban”.

Desde su regreso al cargo de Primer Ministro el 25 de octubre de 2023, Robert Fico ha aumentado las críticas públicas a las decisiones e iniciativas de la Unión Europea, tanto en el Consejo Europeo como en los discursos nacionales. Desde el inicio de este tercer mandato (no consecutivo), se opuso a la continuación de la ayuda militar a Ucrania y a la política de sanciones vinculadas a la guerra calificándolos de factores que agravan la crisis energética y social en Eslovaquia y creyendo que los eslovacos “tenían otros problemas más importantes”.
“Interferencia” y “politización excesiva”

Robert Fico critica a la UE y a la CE por “la politización excesiva” y la falta de consideración de los intereses de los estados miembros más pequeños‑ y su postura, que anteriormente oscilaba entre integraciones y críticas, ha tomado gradualmente un giro de confrontación más directo, particularmente cuando los intereses nacionales se consideran amenazados.

En Bruselas, Fico ha alineado su retórica de los últimos años con la de Viktor Orbán, ex primer ministro húngaro, defendiendo en particular el derecho de veto de Budapest sobre ciertos paquetes de ayuda a Ucrania y rechazando la presión de la UE para “abolir” este mecanismo. A finales de marzo, en un contexto de fuertes tensiones con Ucrania debido al oleoducto Druzhba, incluso afirmó que estaba dispuesto a bloquear el préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, aprobado desde entonces, si Orban perdía las elecciones parlamentarias húngaras, posicionando explícitamente a Bratislava como un potencial relevo para el veto húngaro.

A nivel nacional, su gobierno ha defendido con mayor frecuencia una visión soberanista de la relación con la UE, afirmando la prioridad de la soberanía eslovaca sobre ciertas decisiones europeas. A finales de 2025 se adoptó una enmienda constitucional que da prioridad a la legislación eslovaca sobre determinadas normas de la Unión en ámbitos relacionados con “la identidad nacional”. El Parlamento eslovaco consagró así en la Constitución la idea de que Eslovaquia “conserva su soberanía” en materia de familia, salud, ciencia o estado civil, justificando este cambio por el deseo de proteger los valores tradicionales y limitar lo que Bratislava describe como “interferencia” legal de Bruselas.

Tras la marcha de Viktor Orban tras su derrota durante las elecciones legislativas húngaras del 12 de abril, Bruselas pretendía relanzar todas las iniciativas bloqueadas hasta entonces, como se hizo con la aprobación por parte de la UE del préstamo de 90.000 millones de euros en Kiev, el debate sobre la abolición del veto para no revivir una oposición como la de Hungría.

En Estrasburgo, donde tienen su sede los eurodiputados, queremos privar a Eslovaquia de fondos europeos y congelarlos, como ocurrió con Hungría bajo el gobierno de Viktor Orban. Se trata del mecanismo de condicionalidad, un reglamento de la UE que data de 2021 y que permite a la Comisión Europea suspender, reducir o rechazar el pago de fondos de la UE a un Estado miembro si existe el riesgo de que se viole el Estado de derecho de una manera que amenace los intereses financieros de la Unión.

Estrasburgo teme otro Orban

El miércoles, los parlamentarios votaron por 418 votos contra 207 a favor de una resolución que insta a la Comisión Europea a iniciar este procedimiento que podría conducir a la suspensión de los fondos europeos en beneficio de Bratislava. “Debemos asegurarnos de que Fico no se convierta en un nuevo Orban. Él mismo dice que quiere convertirse en uno”, se declara, creyendo que los casos anteriores en Hungría y en Polonia han demostrado la eficacia de congelar los fondos europeos para restablecer, incluso parcialmente, el Estado de derecho.

Los eurodiputados, que votaron en un procedimiento para aprobar el presupuesto de la UE para 2024, expresaron su preocupación por el desarrollo de los derechos en Eslovaquia, citando en particular las reformas judiciales y la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, recordaron que la UE ya había retirado 1,225 millones de euros de su ayuda a Eslovaquia por recomendación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Los eurodiputados eslovacos, incluidos opositores progresistas, votaron en contra de la resolución, creyendo, según Euractiv, que tales medidas pesarán sobre los ciudadanos y no sobre el gobierno. El partido Smer-SD, liderado por Robert Fico, rechazó la votación, considerándola motivada políticamente y afirmando que ciertas comisiones del Parlamento Europeo “hacen más política que trabajo, cuando no tienen derecho a hacerlo “.