La décima sesión de la causa conocida como “el caso mascarillas” ha puesto contra las cuerdas la estrategia procesal de Ábalos y Koldo, por mucho que el exministro haya hecho todo lo posible por aparecer como víctima y casi como indigente desde el punto de vista económico. La declaración de los agentes de la UCO, el coronel Balas y el comandante Montes, ha puesto negro sobre blanco la existencia de una trama criminal, con acceso a las más altas instancias, pensada para delinquir.

De esta forma, el juicio que sienta en el banquillo por primera vez a un ministro del sanchismo empieza a apuntar hacia más arriba, con el agravante de que todo esto sucedía mientras estábamos en plena pandemia, encerrados en nuestras casas, y muchos miles de nuestros conciudadanos muriendo solos en los hospitales. Pone los pelos de punta que se haya detallado ante el tribunal una estructura con capacidad de influencia en el ámbito institucional, que fue permeándolo todo con rapidez y llenándose los bolsillos. Gracias a Ábalos se conseguían los negocios en torno a las mascarillas y su influencia fue decisiva para que otros como Aldama o Koldo consiguieran lo que otra manera jamás hubieran conseguido.

Pensar que todo esto pudiera suceder sin conocimiento de nadie en el ámbito gubernamental es más difícil con las pruebas de la UCO sobre la mesa, pero, en todo caso, la responsabilidad política de quien mantuvo a Ábalos como colaborador preferente brilla ahora con una evidencia aún mayor.