Este sábado Mali ha vivido una ofensiva coordinada de gran envergadura. Ataques simultáneos han sacudido Bamako, incluida la base militar de Kati y el aeropuerto, junto con Kidal, Gao, Sevaré y otras localidades clave. Los responsables son el Frente de Liberación del Azawad y JNIM, filial de Al-Qaeda. Kidal, símbolo recuperado con gran propaganda en 2023, ha vuelto a caer en manos rebeldes. Y lo sé, hace un par de semanas escribí sobre el pacto Mali-Marruecos y la situación sobre el terreno, pero esta escalada nos sitúa ante un escenario aún más complejo de lo que pudiéramos imaginar. Ya me conocen, el deber con España me impulsa y traslado este deber sagrado a mis lectores porque no podemos eludir esta realidad, por incómoda que resulte

Este estallido no ocurre en el vacío. Es la manifestación de un Sahel cada vez más inestable que genera desplazamientos y presiones migratorias directas sobre nuestra frontera atlántica. Mauritania está absorbiendo ya una parte importante de esta inestabilidad. Más de 300 000 refugiados malienses se concentran en su territorio, con especial densidad en el campo de Mbera, a escasos 60 kilómetros de la frontera. Las tensiones en la zona fronteriza han aumentado en las últimas semanas, con incidentes y operaciones que ponen a prueba la capacidad mauritana de contención. El dique que hasta ahora había funcionado gracias a acuerdos con España y la Unión Europea muestra signos claros de sobrecarga.

En este escenario las rutas malienses hacia Canarias y la Península se encuentran consolidadas. Aunque las llegadas globales a Canarias han registrado descensos puntuales por condiciones meteorológicas y operativos conjuntos, los nacionales de Mali mantienen una presencia relevante en la ruta atlántica. Transitan por Mauritania y Senegal a través de redes consolidadas. Se trata de movimientos desde un entorno de extrema inestabilidad que llega en el peor momento posible para España.

Como os decía con anterioridad, hace 15 días advertí precisamente de uno de los elementos que agravan esta vulnerabilidad. El reciente pacto Mali-Marruecos facilita la movilidad desde el Sahel. Rabat ha suprimido la Autorización Electrónica de Viaje para los ciudadanos malienses a partir del próximo lunes y ha ampliado de forma notable el cupo de becas, a cambio del apoyo maliense al plan marroquí sobre el Sáhara. Este acuerdo abre corredores más permeables hacia zonas bajo influencia marroquí, desde donde ya se han datado numerosas salidas hacia las Islas Canarias. Marruecos mantiene un control selectivo del norte de África, mientras la inestabilidad saheliana se desplaza hacia el oeste en perjuicio directo de nuestra soberanía.

A esto se suma la situación crítica en Burkina Faso, segundo país más afectado por el terrorismo en el mundo según el Global Terrorism Index. Aunque las muertes por atentados bajaron un 45 % en 2025 respecto al año anterior, el país sigue siendo un epicentro de violencia yihadista con JNIM y Estado Islámico disputando el control territorial. La junta del capitán Ibrahim Traoré apenas domina entre el 20 y el 30 % del territorio y los ataques continúan de forma constante. Cerca de dos millones de personas están desplazadas internamente, y miles huyen hacia Mali y Mauritania, saturando aún más las rutas que terminan en Canarias. Además, según un informe reciente de Human Rights Watch, las fuerzas gubernamentales y sus milicias han sido responsables de más muertes de civiles que los propios grupos yihadistas entre 2023 y agosto de 2025. Esta dinámica agrava el colapso institucional y contribuye directamente a aumentar los flujos migratorios hacia Mauritania y, desde allí, hacia Canarias.

Justo cuando el Sahel se desestabiliza, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene en marcha desde el 16 de abril la regularización extraordinaria de hasta medio millón de inmigrantes ilegales, con más de 130 000 solicitudes ya registradas en la primera semana. Este proceso, que premia la permanencia ilegal con residencia, genera un efecto llamada real y documentado en un momento de máxima fragilidad. Las solicitudes telemáticas y presenciales han colapsado los sistemas en algunos puntos, y las mafias ya lo utilizan en redes sociales para anunciar un camino rápido a la legalidad.

Europa, por su parte, muestra una reticencia creciente ante medidas unilaterales de este tipo. El Pacto de Migración y Asilo avanza hacia su aplicación plena con énfasis en controles, retornos y países seguros. Varios socios comunitarios han endurecido sus legislaciones nacionales en esa dirección. España, en cambio, opta por una regularización masiva que contrasta con la tendencia general de mayor rigor en el continente. Esta excepción española no solo debilita nuestra posición negociadora en Bruselas, sino que envía un mensaje inequívoco a los flujos que se gestan en el Sahel: aquí hay una puerta abierta.

El resultado es una alineación de factores que configura una gravísima amenaza para nuestra Seguridad Nacional. Un Sahel en expansión genera flujos desde entornos de alto riesgo. El pacto Mali-Marruecos abre corredores más permeables. La regularización actúa como imán. Las mafias ya difunden las expectativas de legalización. Los puentes comunitarios, una vez regularizados, facilitarán nuevos movimientos. Todo ello recae de forma desproporcionada sobre Canarias, la Península y nuestras capacidades de control. Además, la coincidencia temporal entre el agravamiento del caos en Mali y Burkina Faso y la apertura administrativa española derivada de la regularización masiva multiplica los riesgos, al facilitar en un contexto de colapso institucional en el Sahel la posible infiltración de perfiles no deseados —por decirlo suavemente— entre los flujos migratorios.

La posición debe ser clara y coherente: tolerancia cero a la ilegalidad. Eso implica control exhaustivo de orígenes y perfiles, verificación rigurosa de antecedentes, cupos legales y ordenados cuando respondan a necesidades reales, y exigencia de reciprocidad efectiva a los países de origen. Regularizaciones masivas en un contexto de inestabilidad e incertidumbre geopolítica no resuelven problemas, sino que los multiplican. España no puede permitirse ser el punto de menor resistencia ante un Sahel que se desestabiliza. El Gobierno debe priorizar la protección de la soberanía y de los españoles frente a cualquier narrativa que oculte la realidad sobre el terreno. Y recordemos, no estamos ante una crisis humanitaria, hemos escalado a una crisis de Seguridad Nacional.

Epoch Times