El Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura que si Zohran Mamadni avanza con sus discriminatorias políticas impositivas, podría demandar al alcalde socialista.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que podría demandar al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, si impulsa políticas fiscales que impliquen un trato diferenciado hacia determinados barrios en función de su composición demográfica. La advertencia fue emitida por Harmeet Dhillon, funcionaria de la División de Derechos Civiles, tras la difusión de versiones sobre un posible aumento de impuestos dirigido a zonas mayoritariamente blancas.

La polémica se desató luego de que circulara en redes sociales una publicación, en la que se revelaba que el plan fiscal de Mamdani contemplaría incrementos impositivos selectivos según características de los vecindarios. En respuesta, Dhillon afirmó de forma categórica que una medida de ese tipo sería ilegal y anticipó acciones judiciales en caso de concretarse. ”Esto es ilegal. Si sucede, esperen una demanda. O varias”, escribió.

El alcalde, por su parte, presentó a comienzos de mes una propuesta fiscal que se centra en aumentar los impuestos a propiedades de alto valor, especialmente segundas residencias consideradas de lujo. Según los lineamientos difundidos, la iniciativa busca incrementar la recaudación municipal para financiar servicios públicos y ”reducir desigualdades económicas en la ciudad”, sin mencionar explícitamente criterios raciales.

No obstante, las críticas hacia la propuesta han ido en aumento. Sectores opositores sostienen que, aunque el plan no haga referencia directa a la raza en su texto, este tiene efectos diferenciados en determinados barrios, lo que abriría la puerta a cuestionamientos legales y constitucionales. En una ciudad caracterizada por su diversidad, advierten, cualquier política percibida como dirigida contra un grupo específico puede generar tensiones sociales y políticas.

Especialistas también han señalado posibles impactos económicos. Entre ellos, destacan el riesgo de desalentar la inversión inmobiliaria y afectar el mercado de propiedades de alto valor, lo que podría repercutir en la base impositiva de la ciudad. Desde esta perspectiva, un aumento significativo de la carga fiscal sobre ciertos inmuebles podría tener consecuencias no deseadas para la economía local.

Asimismo, críticos consideran que el enfoque del alcalde refleja una política de redistribución agresiva que podría profundizar la polarización. Argumentan que medidas de este tipo tienden a dividir a la opinión pública y complicar la implementación de reformas estructurales.

Por otro lado, los nefastos defensores de esta iniciativa sostienen que gravar las propiedades de lujo es una herramienta válida para abordar la desigualdad en una de las ciudades más costosas del mundo. Defienden que los propietarios con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida al financiamiento de servicios esenciales.

El caso sigue en desarrollo y podría derivar en un enfrentamiento judicial si las propuestas avanzan en la dirección señalada por las autoridades federales. Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar equidad fiscal, legalidad y crecimiento económico continúa marcando la agenda política de la ciudad.