Cómo el matrimonio infantil pasó a ser una «regla» en Marruecos
El Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos (CESE) reclamó la abolición del matrimonio infantil, que ha pasado de ser una excepción a «una regla» en el país, en un informe solicitado por el Parlamento y presentado este martes en Rabat.
El informe de este órgano consultivo estatal se inscribe en el marco de la revisión del Código de Familia, que establece la edad legal para contraer matrimonio en 18 años, pero que permite al juez reducirla hasta 15 años en algunos casos, lo que ha favorecido la persistencia de esta práctica que afecta principalmente a las niñas.
Desde la entrada en vigor del actual Código de Familia en 2004, que ponía más condiciones al matrimonio de menores, aumentó de forma progresiva hasta 2011, cuando se registraron 39.031 casos (casi todos son de niñas). Bajó en los años siguientes y en 2022 se registraron 12.940 casos.
El escrito revela que casi el 80 % de menores que se casaron entre 2007 y 2019 tenía más de 17 años de edad, mientras que el resto estaban entre los 15 y los 17. En 2019, se casaron 1.906 niñas con 15 años y otras 237 con 14.
El miembro en el CESE Jaouad Chouaib, que presentó el informe en un evento celebrado en Rabat, aseguró que los casos de matrimonio de menores se produjeron, en general, en familias pobres que viven en el mundo rural y tienen un nivel educativo muy bajo o sin educación escolar, y solo 0,35 % de esas niñas continúan sus estudios.
El matrimonio precoz tiene un grave efecto negativo en la situación económica y social de las niñas y en el desarrollo del país, al limitar sus perspectivas educativas, formativas y económicas, aumentar la pobreza y la violencia, y poner en riesgo su salud física y mental y la de sus hijos, según el CESE.
El CESE propone una estrategia integral para eliminar el matrimonio de las niñas en todas sus formas, basada en la adecuación del futuro Código de Familia con la Constitución del 2011 y los convenios internacionales que protegen a la infancia.
Asimismo, el escrito defiende la lucha contra las prácticas nocivas para los niños mediante la ejecución sostenible e integrada de las políticas y medidas públicas, y la creación de un sistema de información para el seguimiento y la evaluación del progreso realizado en este ámbito.
