Imagen de archivo del traslado de personas rescatadas en el mar de Alborán que viajaban en patera.

La polémica se instaló nuevamente en España tras conocerse que un inmigrante de origen marroquí condenado por una violación especialmente violenta logró mantener su permiso de residencia de larga duración en el país. La resolución judicial anuló la orden de expulsión que se había dictado en su contra, pese a la gravedad de los hechos que quedaron acreditados en la causa penal. La decisión, adelantada por el diario Segre, fue adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que concluyó que no se reúnen las condiciones necesarias para expulsarlo del país. Según el fallo, en su situación actual el hombre no representa una amenaza «real, actual y suficientemente grave» para el orden público, una interpretación que ha reavivado el debate político sobre la política migratoria y la respuesta del sistema frente a delitos de violación.

El origen del caso se remonta a una sentencia dictada en 2014 por la Audiencia Provincial de Lérida, que condenó al inmigrante a siete años y medio de prisión por violación, una agresión sexual descrita en el proceso como especialmente violenta. A esa pena se sumaron otras sanciones: un año y medio de prisión adicional y una multa económica por un delito de obstrucción a la justicia. Los hechos probados revelaron un comportamiento particularmente grave incluso después de iniciada la causa judicial. Según la sentencia, tras ser imputado por la violación, el hombre intentó presionar a la víctima dentro de un centro comercial para que retirara la denuncia. En ese encuentro le ofreció dinero y también lanzó amenazas si no aceptaba desistir del proceso judicial, un intento directo de interferir con la investigación y el avance del caso.

A pesar de la condena por un delito de violación y de las maniobras para frenar la causa, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja valoró su situación posterior. El condenado lleva más de 19 años viviendo en España, acumula más de 15 años de vida laboral y es padre de una menor con nacionalidad española. Además, convive con su pareja —también de origen marroquí y con residencia legal— y con su hija, sin que consten conflictos familiares ni nuevos delitos tras haber cumplido su condena. Una vez finalizada su pena en octubre de 2019, el hombre se trasladó a La Rioja, donde fijó su residencia. Allí continuó su vida hasta que, en 2024, durante una identificación policial en la calle en la que vive, se inició el expediente de expulsión. Este procedimiento se abrió más de una década después de la sentencia por violación y varios años después de haber cumplido la pena de prisión.

La Delegación del Gobierno decidió entonces avanzar con la expulsión basándose en un informe policial que señalaba que sus antecedentes penales —especialmente la condena por violación— podían suponer un riesgo para la seguridad. Esa postura fue respaldada inicialmente por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Logroño, que entendía que una condena de tal gravedad debía considerarse dentro de los supuestos que afectan al orden público. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja corrigió ese criterio. En su resolución, subrayó que cuando se trata de residentes de larga duración no es suficiente invocar antecedentes penales, incluso si se trata de delitos tan graves como una violación. Según el tribunal, es obligatorio realizar un análisis individualizado y proporcional de cada caso.

La sentencia también recuerda que la expulsión supone una limitación relevante de derechos fundamentales y una alteración profunda de la vida del afectado, argumento central para anular la medida adoptada por la administración. Otro punto clave del fallo es que, de acuerdo con el tribunal, no existe constancia de reincidencia desde los hechos por los que fue condenado ni después de haber cumplido la pena. Este elemento fue considerado determinante para sostener que actualmente no representa un peligro concreto. Con esta resolución, queda consolidado en la práctica el permiso de residencia indefinido que el inmigrante tenía desde 2013, cuando le fue concedido tras cumplir con los requisitos legales de permanencia prolongada en España.

El caso vuelve a abrir con fuerza el debate sobre la respuesta del sistema judicial y migratorio europeo frente a delitos de alto impacto social como las violaciones. También reaviva la discusión sobre hasta qué punto deben pesar los antecedentes penales al momento de decidir la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya cumplieron sus condenas, en un contexto político cada vez más crítico con la gestión de la inmigración en Europa.