Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Óscar Puente.

El corte del AVE en Málaga de cara a la próxima Semana Santa amenaza con tener un impacto directo en el turismo y la economía de la provincia en uno de los momentos clave del año. La falta de conexiones ferroviarias en estas fechas podría alterar la llegada de visitantes y generar incertidumbre en el sector.

La Junta de Andalucía ha advertido de que el impacto podría alcanzar los 1.300 millones de euros.

Esta crisis de la alta velocidad en Málaga no es solo una incidencia técnica: es el retrato nítido de una forma de gobernar basada en la improvisación, la falta de previsión y una alarmante desconexión con la realidad de los ciudadanos.

Durante semanas, una de las principales puertas de entrada turística de España ha quedado prácticamente aislada por ferrocarril. No hablamos de una línea secundaria, sino de un eje estratégico que conecta Madrid con la Costa del Sol, motor económico clave del país. Y, sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido lenta, insuficiente y, en ocasiones, directamente irritante.

Pasajeros se agolpan en la estación María Zambrano de Málaga por el retraso de los trenes (La Opinión).

Lo más grave no es únicamente el corte de la línea tras un desprendimiento —incidentes ocurren—, sino la incapacidad para anticipar riesgos, reforzar infraestructuras críticas y, sobre todo, ofrecer alternativas dignas en tiempo y forma. Autobuses improvisados, retrasos interminables y miles de viajeros atrapados en una logística caótica son la evidencia de un sistema que no estaba preparado para fallar… y ha fallado.

Mientras tanto, desde el Ministerio se insiste en que “no se pueden poner más medios” y que todo está limitado por la física. Un argumento que, más que tranquilizar, indigna. Porque cuando un Gobierno se escuda en la inevitabilidad, lo que realmente está reconociendo es su impotencia. Y la impotencia, en gestión pública, suele ser sinónimo de incompetencia.

La desconexión con la ciudadanía alcanza su punto más preocupante en el tono. Lejos de asumir errores o mostrar empatía con los afectados, las respuestas han oscilado entre la frialdad técnica y la descalificación de las críticas. Como si los miles de usuarios perjudicados, las empresas turísticas y toda una provincia en vilo estuvieran exagerando.

Pero no exageran. Málaga pierde dinero cada día que pasa sin una conexión ferroviaria normalizada. Pierde competitividad, pierde imagen y pierde oportunidades. Y lo hace en un contexto donde otras infraestructuras en el país parecen avanzar con mayor celeridad, alimentando la sensación —cada vez más extendida— de agravio territorial.

Este episodio debería obligar al Gobierno a asumir responsabilidades. Gobernar no es explicar por qué las cosas no pueden hacerse mejor. Gobernar es, precisamente, hacer que sí se hagan.

Y en Málaga, hoy por hoy, no se está haciendo.