La reciente decisión del Gobierno de desclasificar documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: la distancia creciente entre las prioridades políticas del Ejecutivo y las preocupaciones reales de los ciudadanos. Cuarenta y cinco años después de aquellos acontecimientos, la iniciativa se presenta como un ejercicio de transparencia histórica. Sin embargo, para muchos españoles, su oportunidad y su contexto generan la sensación de que estamos ante una nueva maniobra de distracción.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna sin Presupuestos Generales aprobados, en un escenario económico marcado por la inflación persistente, el encarecimiento de la vivienda, la presión fiscal y la incertidumbre laboral. Son problemas tangibles, cotidianos, que afectan a la capacidad de millones de familias para llegar a fin de mes o planificar su futuro. Frente a esta realidad, rescatar debates del pasado remoto difícilmente puede interpretarse como una respuesta a las urgencias del presente.

No se trata de negar el valor histórico del 23-F ni el derecho de los investigadores a conocer la verdad. Se trata de prioridades. Cuando el acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo, cuando los precios de la energía y los alimentos continúan tensionando los presupuestos familiares y cuando la actividad económica muestra signos de desaceleración, el ciudadano medio espera medidas concretas, no gestos simbólicos.

Además, existen episodios recientes cuya opacidad sigue sin resolverse y que suscitan un interés público mucho más inmediato. El encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas, pese a las sanciones europeas vigentes en aquel momento, continúa generando preguntas que nunca han obtenido respuestas plenamente satisfactorias. Lo mismo ocurre con determinadas ayudas públicas a aerolíneas durante la pandemia o con diversas investigaciones judiciales que afectan a personas del entorno político y familiar del presidente. Son asuntos contemporáneos, con impacto institucional y económico, y cuya clarificación contribuiría mucho más a reforzar la confianza ciudadana que la apertura de archivos de otra época.

La percepción de “cortina de humo” no surge de la nada. Se alimenta de la acumulación de decisiones comunicativas que desplazan el foco hacia debates históricos o simbólicos mientras los problemas estructurales permanecen sin resolver. Un gobierno eficaz no es el que domina el relato, sino el que mejora las condiciones de vida de sus gobernados.

España necesita estabilidad presupuestaria, políticas de vivienda realistas, incentivos al crecimiento económico y seguridad jurídica para empresas y trabajadores. Necesita reformas que miren hacia adelante. La memoria histórica puede y debe ocupar su lugar, pero no puede convertirse en sustituto de la acción política presente.

En última instancia, la fortaleza de una democracia no se mide por cuánto revisa su pasado, sino por cómo gestiona su presente y garantiza su futuro. Y hoy, para muchos ciudadanos, ese futuro se percibe cada vez más incierto.