En el turbio panorama de la política española, donde el poder legislativo parece moldearse más por intereses personales que por el bien común, emergen paralelismos inquietantes entre figuras de bandos opuestos.

Por un lado, Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, acusado de tejer una red de influencias para aprobar leyes a medida de empresas que, a cambio, engrosaban las arcas de su despacho de abogados.

Por otro, Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, quien ha optado por congelar una reforma legal que retrasaría la jubilación de los jueces hasta los 75 años, específicamente hasta que el magistrado Juan Carlos Peinado abandone la instrucción del caso que salpica a su esposa, Begoña Gómez.