El Rey de España y su amigo Pedro Sánchez acaban de pedir que se respete el derecho internacional en Venezuela, pero uno debe preguntarse a qué derecho se refieren, si ese derecho merece la pena o si lo que de verdad piden es que dejen al criminal Maduro seguir robando y torturando a su pueblo.

Basta un ligero análisis para descubrir que ese derecho al que tantos apelan es el que ha permitido que la asesina Venezuela de Maduro exista como si fuera una nación respetable. También ha permitido que cientos de millones de ciudadanos hayan sido asesinados por sus gobiernos y que dictaduras opresivas y sangrientas, que practican la tortura y el asesinato de los disidentes, hayan cometido sus crímenes sin que nadie las acuse, sentadas en los sillones de la ONU y blanqueadas por miles de intelectuales y políticos.

Ese derecho internacional bastardo es el que permite que generaciones enteras de jóvenes se hayan colocado la camiseta del Che Guevara, un asesino sádico, o que se enrolen en la dictadura sanguinaria del comunismo, fabricante de esclavos y causante de decenas de millones de muertes.

El derecho internacional ha amparado a los que exterminaron en Estados Unidos a los indios de las praderas, a los ingleses que practicaban la piratería, a los que corrompieron a los libertadores con dinero para que se independizaran de España y hasta a los que asesinaron a decenas de millones en la URSS, sus países satélites, China, Camboya, Cuba y otras muchas tiranías criminales, tanto de izquierda como de derecha.

No hay que pedir respeto a ese derecho internacional, sino crear un derecho internacional nuevo, en el que los políticos criminales no puedan existir, en el que los asesinatos de civiles, la opresión y la impunidad de los poderosos sea imposible.

El derecho internacional vigente no es neutral: es el resultado de un pacto entre Estados que premia la estabilidad por encima de la justicia y consagra la soberanía absoluta como escudo para los tiranos.

Mientras cientos de millones de personas han sido masacradas por sus propios gobiernos —desde los gulags hasta los campos de exterminio, desde Ruanda hasta Siria, pasando por las cámaras de tortura de América Latina—, el Consejo de Seguridad de la ONU ha permanecido paralizado por vetos y la Asamblea General ha ofrecido tribuna a los verdugos.

Las dictaduras no solo sobreviven: se sientan en los mismos sillones donde se debaten los derechos humanos, votan resoluciones contra la tortura mientras la practican en sus calabozos y reciben el silencio cómplice o el aplauso tibio de quienes se autoproclaman defensores de la paz.

Este orden no protege a las víctimas; protege a los poderosos que las asesinan.

Exigir respeto a este derecho internacional es, por tanto, pedirle al verdugo que siga matando.

No basta con reformas cosméticas ni con más tribunales de pacotilla que sólo juzgan a los perdedores de las guerras. Hace falta un derecho internacional refundado desde cero, uno que declare la dictadura misma como crimen contra la humanidad, que elimine la inmunidad de los jefes de Estado por crímenes sistemáticos, que permita la intervención obligatoria cuando un régimen tortura, desaparece o masacra a su pueblo, y que convierta la impunidad en un tabú absoluto.

Hasta que ese nuevo orden exista, esas invocaciones al “derecho internacional” que hacen los políticos hipócritas, no son defensa de la humanidad sino complicidad con sus peores enemigos.

El Consejo de Seguridad de la ONU constituye el ejemplo más descarnado y obsceno de por qué el derecho internacional actual es inválido en su raíz. Lejos de ser un órgano de justicia universal, consagra y perpetúa el poder absoluto de los fuertes: cinco países con derecho de veto pueden bloquear cualquier resolución, paralizar cualquier sanción, impedir cualquier intervención humanitaria o incluso legitimar genocidios si les conviene.

Mientras la Asamblea General, donde cada nación tiene un voto, representa —aunque de forma imperfecta— la voz de la humanidad, el Consejo de Seguridad la humilla sistemáticamente, convirtiendo el supuesto “orden internacional” en una oligarquía armada que protege a sus miembros y aliados de cualquier rendición de cuentas.

Es un diseño deliberado para que los poderosos nunca sean juzgados por los débiles, y mientras ese mecanismo exista, hablar de “respeto al derecho internacional” equivale a exigir respeto a la ley del más fuerte disfrazada de legalidad.

Y ahí va la prueba irrefutable: La liberación de los presos políticos en Venezuela no ha sido gracias a la ONU, ni a la UE, ni al derecho internacional ni a ninguno de esos organismos inútiles que veían como el chavismo tenía un centro de torturas y no hicieron absolutamente nada. Es gracias a Donald Trump.