El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

El Gobierno ha dado un paso histórico en la protección de los derechos personales en el entorno digital al aprobar dos importantes iniciativas legales.

Por un lado, el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal, que establece como delito la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento mediante inteligencia artificial, conocidas como ‘deepfakes’; y por otro, el proyecto de ley que regula el derecho a la rectificación, adaptándolo al ecosistema mediático actual e incluyendo a influencers y plataformas digitales.

Según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ley de ‘deepfakes’ forma parte del Plan de Acción por la Democracia y refuerza la protección del consentimiento y la propia imagen frente a abusos tecnológicos.

“Incorporar estas ultrafalsificaciones como ataques al honor supone un avance relevante para proteger a los ciudadanos frente a la manipulación digital”, ha asegurado.

Esta normativa ha sido impulsada conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, con el objetivo de adaptarse a los retos legales que plantea la rápida evolución de la inteligencia artificial.

Derecho a la rectificación

Por su parte, el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación ha sustituido la ley vigente de 1984 y permitirá que cualquier persona pueda solicitar la corrección de información falsa o inexacta que le afecte, no solo en medios de comunicación tradicionales, sino también en medios digitales y cuentas de usuarios “de especial relevancia” en redes sociales, es decir, influencers.

Para determinar esta relevancia, se considerará que tienen más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas donde estén presentes.

La nueva ley establece que estos usuarios y los medios digitales deberán ofrecer un mecanismo gratuito, accesible y visible para enviar solicitudes de rectificación. El plazo para presentar la solicitud será de 10 días si la información se ha publicado en medios tradicionales y de 20 días en medios digitales o en cuentas de influencers.

Podrán ejercer este derecho menores con la suficiente madurez, mayores de 16 años y, en caso de personas fallecidas, sus familiares cercanos o personas expresamente designadas.

La ley también introduce mejoras en la publicidad de la rectificación: los medios digitales deberán crear un enlace visible a la información original y las plataformas en línea deberán publicar la rectificación en un lugar destacado junto con la información original. Además, se mantiene la obligación de publicar la rectificación en un plazo máximo de tres días y se simplifica el procedimiento judicial para quienes vean denegada su solicitud.

“Los ciudadanos estarán protegidos frente a injerencias y falsedades que les afectan”

Bolaños ha subrayado que con estas medidas el Gobierno busca garantizar la libertad de información y proteger a los ciudadanos frente a desinformación, falsedades o bulos, ofreciendo un derecho de rectificación fácil, accesible y ágil.

“Los ciudadanos estarán protegidos frente a injerencias y falsedades que les afectan y podrán corregir esta información de manera rápida”, ha concluido.