El empresario Víctor de Aldama sale del Tribunal Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye la causa por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos en la que está imputado el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, ha acordado extender el plazo de la investigación judicial hasta junio de 2026.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, justifica esta decisión por “el buen fin de la instrucción”, pues el avance de la investigación irá determinado por “la práctica de nuevas diligencias e, incluso, nuevas imputaciones”.

Pedraz ha manifestado que “dada la naturaleza de los hechos y delitos investigados, se han practicado numerosas diligencias”, como el registro en numerosos domicilios y sedes sociales en octubre y diciembre de 2024, tras las cuales el magistrado ordenó el ingreso de prisión provisional contra Aldama. El juez apunta que aún está “pendiente” el informe sobre dichos registros por parte de la Policía.

Asimismo, el juez ha recordado que se han librado órdenes europeas de investigación a Portugal y la documentación intervenida también están pendiente de análisis. Además, se han nombrado a funcionarios de Hacienda “a fin de que procedan a la concreta cuantificación de las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública” y subraya que “hay pendientes de práctica declaraciones tanto de investigados como de testigos”.

La Fiscalía, según un escrito al que ha accedido esta agencia de noticias, respalda esta decisión al considerar “que el análisis y estudio de toda la documentación que fue intervenida en las diligencias de entrada y registro está siendo muy laborioso”. Por lo tanto, señala que “parece razonable que sea acordada la prórroga de la instrucción por un nuevo período de seis meses”.

Cabe recordar que el juez de la AN ya acordó el pasado 2 de junio prorrogar la investigación, al estar pendiente del análisis de “numerosa” documentación sobre un supuesto fraude que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

El fraude del fuel

En uno de los atestados de la causa, la UCO explica el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales –donde se almacena el producto– a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.