El domingo pasado, los eslovenos votaron contra una peligrosa tendencia que se extiende por Occidente: el suicidio asistido.

Alrededor del 53% de los eslovenos votó a favor de suspender una nueva ley que legalizaría el suicidio médicamente asistido para adultos con enfermedades terminales. En el mismo referéndum, el 47% votó a favor de la ley. Por lo tanto, su aplicación se suspenderá durante al menos 12 meses.

En julio, el parlamento esloveno aprobó la ley, tras un referéndum celebrado en 2024 que determinó que la mayoría de los votantes apoyaba la legalización. La ley, que debía entrar en vigor este año, habría permitido que los adultos con enfermedades terminales y plenas facultades mentales recibieran asistencia médica para suicidarse , siempre que su sufrimiento fuera insoportable y hubieran agotado todas las opciones de tratamiento, siguiendo los pasos de países como Canadá, Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, esta última votación se convocó después de que la organización civil Voz para los Niños y la Familia reuniera suficientes firmas, con el respaldo de la Iglesia católica y la oposición parlamentaria conservadora.

El cambio radical de Eslovenia es significativo. El año pasado, el 55% de los votantes se pronunció a favor de la ley. Muchos no habrán cambiado de opinión repentinamente sobre el principio del suicidio asistido en sí; es más probable que hayan votado en contra de esta legislación en particular. Y el referéndum habrá revitalizado y movilizado a quienes se oponen con mayor vehemencia a la ley. Sin embargo, este es un avance digno de celebrar. Cualquier obstáculo que se interponga en el camino del asesinato auspiciado por el Estado es un paso en la dirección correcta.

En vísperas de este último referéndum, numerosas organizaciones médicas eslovenas se manifestaron en contra de la ley. A principios de este mes, la Cámara Médica de Eslovenia , el organismo legal que otorga licencias y regula a los médicos, publicó un comunicado de prensa en el que afirmaba que «si queremos ayudar, necesitamos una Ley de Cuidados Paliativos, no una Ley de Final de Vida Voluntario Asistido». El mes pasado, la Asociación Médica Eslovena , una sociedad profesional voluntaria que representa a médicos y dentistas, aprobó una resolución del congreso que «rechaza firmemente» la Ley de Final de Vida Voluntario Asistido, calificándola de «mal concebida» y de una intromisión indebida en la relación básica médico-paciente . La Comisión Nacional de Ética Médica ha mantenido desde 2023 que el proyecto de ley introduciría «las ejecuciones o suicidios como un nuevo servicio sanitario», lo que cambiaría fundamentalmente la forma en que la medicina entiende la vida y la muerte.

Estos grupos tienen muchas razones para estar preocupados. Basta con observar cómo se ha desarrollado el suicidio asistido en los países donde la práctica se ha legalizado. En los Países Bajos, donde tanto la eutanasia (un médico que termina activamente la vida de un paciente) como el suicidio asistido por un médico (un médico que prescribe medicamentos letales que el paciente toma él mismo) han sido permitidos desde 2002, las muertes médicamente asistidas ahora representan casi el 6% de todas las muertes en el país. Especialmente preocupante ha sido el reciente aumento en los suicidios asistidos relacionados con la salud mental.

Entre 2023 y 2024, hubo un aumento del 60% en los pacientes holandeses que decidieron terminar con sus vidas debido al sufrimiento psicológico. El año pasado, los médicos informaron 219 casos de eutanasia relacionados con el sufrimiento psicológico, un salto significativo de 138 el año anterior y más de solo 88 en 2020. De esos casos más recientes, 30 personas tenían menos de 30 años cuando murieron, en comparación con solo cinco en 2020.

Una de esas jóvenes fue Zoraya ter Beek , de 29 años, quien sufría de depresión severa, ansiedad, autismo y trastorno límite de la personalidad. A pesar de estar en buena forma física, el año pasado se le autorizó la eutanasia, después de que sus médicos le dijeran que no podían hacer nada más para ayudarla. En un caso similar, Jolanda Fun, de 33 años, se quitó la vida con la ayuda de los médicos el año pasado, alegando un trastorno alimentario, depresión, autismo y dificultades leves de aprendizaje. Aún más impactante, un adolescente de entre 16 y 18 años pudo terminar legalmente con su vida debido a que padecía autismo, depresión y ansiedad. El comité que aprobó su muerte señaló que el médico del panel «estaba convencido de que el sufrimiento del joven era desesperado» y «no esperaba que los tratamientos actuales ni los futuros mejoraran su calidad de vida». El joven también había intentado suicidarse previamente.

Esta es la conclusión inevitable del suicidio asistido. Cuando se acepta que todos tienen «derecho a morir», entonces, según su propia lógica, se vuelve injusto e inhumano negarle ese derecho a alguien.

Si una persona con cáncer terminal tiene derecho a terminar con su vida para evitar un sufrimiento insoportable, ¿por qué alguien con una discapacidad incurable no puede tomar la misma decisión? Y si a una persona con discapacidad física se le permite buscar la muerte médicamente asistida, ¿qué pasa con el sufrimiento mental de alguien con una enfermedad psiquiátrica? No existe un límite natural entre quienes deberían morir y quienes no.

Este es el problema que vemos en la práctica en Canadá. Allí, el suicidio asistido por enfermedad mental no se legalizará hasta marzo de 2027. Sin embargo , el programa canadiense de Asistencia Médica para Morir (MAID) ya se ha expandido mucho más allá de su propósito original: ofrecer una salida a pacientes terminales que sufren dolor incurable. Actualmente, la MAID se considera más una alternativa a las dificultades de la vida que un último recurso. En 2021, los criterios de elegibilidad se ampliaron para incluir a quienes no tenían una muerte «razonablemente previsible» , lo que significa que los pacientes con enfermedades crónicas o discapacidades que les hacían la vida «intolerable» podían ser aceptados para la muerte asistida.

A medida que el proceso de solicitud de la MAID se simplificaba, algunos casos aprobados apenas tenían que ver con enfermedades físicas. Uno de los ejemplos más notorios fue el de Amir Farsoud , un hombre discapacitado de 54 años que solicitó la MAID en 2022 porque estaba a punto de perder su hogar y fue aceptado debido a su dolor de espalda crónico. Farsoud no quería morir —él mismo lo admitió—, pero ante la falta de ayuda de las autoridades con su situación de vivienda, decidió que la muerte era su única opción. Afortunadamente, Farsoud cambió de opinión y pudo recuperarse gracias a donaciones públicas.

Otros no tuvieron tanta suerte. Canadá ha aprendido que matar a los pacientes es mucho más fácil que tratarlos. En 2022, Donna Duncan, de 61 años, fue sometida a eutanasia tras sufrir un accidente automovilístico que le provocó diversas enfermedades crónicas complejas. Duncan no recibió tratamiento en su clínica local por su grave conmoción cerebral debido a las largas listas de espera. Sin embargo, se le autorizó su muerte en tan solo cuatro días. En Canadá, la muerte es una alternativa más sencilla y rápida para las autoridades que resolver la crisis de vivienda, la sobrecarga de los servicios de salud o el desempleo. En un caso particularmente inquietante, una veterana y atleta paralímpica solicitó a las autoridades locales la instalación de una silla salvaescaleras en su domicilio, solo para recibir una carta pidiéndole que considerara la eutanasia.

Esta es la realidad del suicidio asistido. Lejos de ser amable, compasivo o civilizado, es una práctica bárbara que devalúa la vida humana. Se vende a los votantes como una opción más compasiva para quienes viven un sufrimiento insoportable. Pero la verdad es que no termina ahí. En casi todos los países o regiones donde el suicidio asistido es legal, se ha expandido mucho más allá de su alcance inicial, abarcando a personas con discapacidad, ancianos, enfermos mentales y, en algunos casos, personas sin hogar y necesitadas. Algunos defensores del suicidio asistido incluso han comenzado a pedir la eutanasia de niños y bebés con discapacidades graves.

Los eslovenos han tomado la decisión correcta. Esperemos que su parlamento decida derogar la ley por completo. Otros países que actualmente consideran el suicidio asistido, como el Reino Unido y Francia, deberían seguir el ejemplo de Eslovenia, frenando su propio impulso hacia la muerte autorizada por el Estado y canalizando sus esfuerzos hacia la vivienda, la atención médica y los cuidados paliativos. Ninguna sociedad civilizada debería hacer que morir sea más fácil que vivir.