La comentarista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, una de las voces conservadoras más influyentes de Europa, ha recuperado su visibilidad en X después de que se levantara el shadow ban que pesaba sobre ella en territorio europeo. Sin embargo, lejos de ser una victoria definitiva, el caso confirma lo que muchos analistas denuncian desde hace años: la Unión Europea está construyendo la mayor maquinaria de censura de su historia bajo el paraguas del Digital Services Act (DSA).

Durante días, los usuarios dentro de la UE no podían encontrar sus publicaciones, mientras su contenido era marcado como «sensible» y restringido por edad. En un mensaje que se volvió viral, Vlaardingerbroek denunció que su cuenta estaba siendo censurada exclusivamente dentro de la Unión y apuntó directamente al DSA como herramienta para silenciar disidencia política. Tras la reacción pública y, según diversas fuentes, la intervención directa de Elon Musk, su visibilidad fue restaurada.

«El shadow ban ha sido levantado. Al menos ahora todos pudieron ver la sed de censura de la UE en acción. Gracias @elonmusk por tu compromiso con la libertad de expresión«, celebró la analista ante sus 1,2 millones de seguidores.

Vlaardingerbroek había criticado abiertamente a Bruselas por crear un marco legal diseñado, según ella, para acallar voces críticas sobre inmigración, seguridad y soberanía. Su padre recordó que Ursula von der Leyen ya intentó imponer censura en Alemania en 2009, presentando una ley supuestamente enfocada en combatir la pornografía infantil pero pensada —según sus detractores— para eliminar disidencia política. «Quince años después, vuelve a intentarlo a nivel europeo«, advirtió.

El levantamiento del veto coincide con una intensificación del plan censurador comunitario. La Comisión Europea impulsa ahora el llamado «Democracy Shield», un sistema que incluye un Centro de Monitoreo para identificar y eliminar contenidos ‘falsos’, nuevas redes de «verificadores independientes» —financiados por Bruselas— y mayores atribuciones para el European Digital Media Observatory, un entramado de fact-checkers sostenido con casi 30 millones de euros de fondos públicos.

Lejos de frenar la manipulación, estos mecanismos permiten a la UE centralizar la narrativa, decidir qué puede circular y qué no, y eliminar información que incomode a las élites europeas. Casos como el de Killian, el joven francés apuñalado por un inmigrante caribeño —un hecho real, documentado y ampliamente cubierto en Francia— están siendo borrados de las redes porque no encajan con la agenda oficial.