El Gobierno de Hungría, liderado por el primer ministro de derecha Viktor Orbán, continúa su enfrentamiento con Bruselas por la política migratoria. Desde 2024, el país paga una multa diaria de un millón de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por negarse a cumplir las directivas colectivistas sobre asilo y recepción de inmigrantes ilegales.

Lejos de ceder ante la presión, Orbán convirtió la sanción en símbolo de soberanía y defensa nacional. “Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que los propios ciudadanos europeos”, expresó el mandatario en redes sociales. Y agregó:

“Si tengo que elegir entre pagar una multa o poner en peligro a Hungría, seguiré pagando”

Una sanción histórica

El conflicto se remonta a diciembre de 2020, cuando el TJUE condenó a Hungría por no respetar el derecho europeo en los procedimientos de asilo y en el tratamiento de migrantes ilegales. Budapest ignoró el fallo, y en junio de 2024, el tribunal impuso una multa inicial de 200 millones de euros y una penalización diaria de un millón hasta que el país modificara sus políticas.

La Comisión Europea respondió iniciando el proceso para retener fondos comunitarios destinados a Hungría, lo que Orbán calificó como “chantaje político disfrazado de justicia europea”.

En febrero, el líder húngaro reafirmó su posición: “Estamos pagando un millón de euros al día, pero si calculo lo que costaría dejarles entrar, es más barato pagar la multa. Esta es una rebelión contra las políticas migratorias de la UE”.

Orbán sostiene que el actual sistema de asilo europeo ha fracasado, y que los Estados deben recuperar la capacidad de decidir quién entra en su territorio.

Hungría, que mantiene una de las tasas más bajas de inmigración de la Unión Europea —apenas un 6% de residentes extranjeros frente a más del 20% en países como Suecia o Bélgica—, ha erigido una política migratoria estricta centrada en la seguridad y el orden interno.

El primer ministro argumenta que la apertura de fronteras promovida por Bruselas incrementó la criminalidad, la violencia y el antisemitismo en Europa.

“La inmigración lleva a más violencia contra las mujeres, homofobia y antisemitismo”, advirtió recientemente, acusando a quienes defienden la política migratoria europea de “hablar de tolerancia mientras importan violencia y caos”.

En 2023, el gobierno húngaro creó la Oficina para la Defensa de la Soberanía Nacional, destinada a investigar la influencia extranjera en la política y los medios.

Para Orbán, el enfrentamiento con la Comisión Europea no es económico sino político y civilizatorio: mientras el bloque europeo justifica las sanciones en nombre del “Estado de Derecho”, en Budapest interpretan el castigo como una forma de disciplinar a los gobiernos que se resisten a la agenda migratoria común.Soldados y policías patrullan una zona cercada con alambre de púas frente a una reja metálica y una camioneta.

Orbán, referente de la derecha europea

El primer ministro húngaro se consolidó como líder del bloque Patriotas por Europa, que agrupa a partidos conservadores y nacionalistas del continente. Desde esa plataforma, Orbán impulsa una agenda centrada en la defensa de las fronteras, la familia y la identidad cristiana europea, en contraste con las políticas de apertura promovidas por la Comisión.

A pesar de las sanciones y de la presión diplomática, Hungría mantiene su política de tolerancia cero frente a la inmigración ilegal. Para Orbán, la prioridad es clara: “Proteger la seguridad del pueblo húngaro, aunque eso cueste un millón de euros al día.”