El caso de Juana Rivas marcó un punto de inflexión en la relación entre justicia, opinión pública y activismo político. Lo que comenzó como una denuncia de violencia de género terminó convirtiéndose en un símbolo de cómo determinados sectores ideológicos y mediáticos pueden distorsionar la verdad judicial cuando esta no encaja con su relato.

Durante años, la figura de Rivas fue elevada a emblema del feminismo institucional y de la lucha contra la violencia machista. Políticos, asociaciones y medios de comunicación la presentaron como una madre heroica que huía de un maltratador para proteger a sus hijos. Sin embargo, las sentencias judiciales desmintieron ese relato: Rivas fue condenada por sustracción de menores y posteriormente indultada parcialmente por el Gobierno. Su ex pareja, por su parte, no tenía una condena vigente por malos tratos en el momento de los hechos, aunque los medios insistieron en lo contrario durante meses.

El problema no radica solo en la actuación individual de Juana Rivas, sino en la maquinaria mediática e institucional que se activó en su defensa, ignorando la presunción de inocencia y ejerciendo una presión intolerable sobre los tribunales. Se construyó un relato emocional que convertía en sospechoso a todo aquel que pidiera prudencia o recordara que la justicia debe basarse en hechos, no en consignas.

Este caso evidenció un fenómeno peligroso: la politización del dolor y la manipulación de causas legítimas. El combate contra la violencia de género es una necesidad social indiscutible, pero pierde legitimidad cuando se emplea como arma ideológica o se protege a quien abusa de su narrativa. Las denuncias falsas son minoritarias, pero existen; y cuando se silencian o se justifican por conveniencia política, se erosiona la credibilidad del sistema entero y, con ello, la confianza de las verdaderas víctimas.

La justicia no puede ser selectiva ni sensible a las presiones de un movimiento o partido. El principio de igualdad ante la ley implica también que las mujeres deben responder por sus actos cuando manipulan el sistema judicial. Defender esa idea no es ir contra las mujeres ni contra el feminismo, sino a favor de una justicia verdaderamente imparcial y de una sociedad adulta capaz de distinguir entre víctima y victimismo.

El caso Rivas debería servir de lección. No para desacreditar la lucha contra la violencia de género, sino para exigir que sea limpia, honesta y libre de instrumentalización ideológica. Cuando la causa se convierte en dogma, la verdad se convierte en herejía. Y sin verdad, ninguna causa justa puede sostenerse.