Pedro Sánchez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, en 2017.

Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama de corrupción que salpica al Gobierno, señalaba esta semana al PSOE y a la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez, por haberse financiado de manera irregular. En concreto, el empresario aseguraba, en un medio de comunicación, haber sido testigo de cómo José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García hablaban destinar al proyecto de la izquierda socialdemócrata y laborista, un total de 10 de los 53 millones de euros concedidos por el Ejecutivo como rescate a la compañía Plus Ultra, en 2021.

El pasado mes de julio, el denominado ‘informe Cerdán’ quedaba incorporado a la causa judicial por corrupción que se sigue en el Supremo contra los dos ex secretarios de Organización de Ferraz José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos investigados por el supuesto cobro de ‘mordidas’, previo amaño de contratos públicos, como una colección de evidencias que, por primera vez desde que arrancasen las pesquisas, abrían la puerta a la imputación del Partido Socialista como persona jurídica por posible financiación ilegal.

Ahora, con la entrega del último dictamen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación económico-patrimonial de Ábalos, se ha puesto de manifiesto, de manera gráfica y ampliamente detallada, en un documento de 285 páginas, la presunta existencia de una ‘caja B’ de los socialistas de la que Ferraz pagaba sobresueldos «sin soporte documental», de manera habitual y prolongada a lo largo del tiempo, con billetes de origen desconocido. Es decir, el dinero habría entrado en el partido fuera de los canales identificados

Unas pesquisas «de las que se desprende» que «en la operativa habían intervenido al menos dos empleadas» de la organización política: Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso. Esta última, por cierto, quien ya había declarado en otro procedimiento judicial cómo «la formación siempre abonaba a Ábalos sus gastos mediante transferencias bancarias, no en efectivo», lo cual implica una contradicción evidente a ojos de los investigadores.

«Ya tengo el sobre de Ferraz»

No en vano, los agentes asignados a la investigación hablan en varias ocasiones, a lo largo de su informe, de pagos presuntamente irregulares de la formación, en efectivo, e identifican el incremento del flujo de dinero en metálico en Ferraz, con la llegada del actual presidente del Gobierno.

De hecho, al «analizar la evolución cronológica de las operaciones en efectivo» reflejadas en el dossier en el que se detalla la situación económico-patrimonial del que fuera ex número 3 del PSOE y ministro de Transportes José Luis Ábalos, los guardias civiles observan que «en el período comprendido entre 2018 y 2023, desaparecen las retiradas de efectivo» desde las cuentas del socialista, «coincidiendo con un aumento significativo de sus ingresos en metálico».

Sobre con pagos a Ábalos 

Es decir, siguiendo el rastro del dinero, la UCO concluye que el PSOE pudo pagar a Ábalos, cantidades sin declarar, por valor de hasta 95.000 euros, de los que pudo gastarse hasta 20.000 en bebidas y servicios de acompañamiento, que éste habría recibido sin identificar como se extrae de las conversaciones incautadas por la policía judicial en los móviles de su ex asesor en el ministerio de Transportes: «Ya tengo el sobre de Ferraz». Pagos que aparecen reflejados en el registro de liquidaciones por gastos aportado por Ferraz, a petición del juez Puente; que éste habría recibido, por lo tanto, «sin soporte documental»; y, que Koldo García, y su entonces mujer Patricia Uriz, «dejaron constancia de que fueron recibidas en sobres [con el logotipo del PSOE] recogidos en la sede de los socialistas, en la calle Ferraz».

Blanqueo de capitales

Pese a que nada más conocerse el contenido del informe de la UCO que refleja las presuntas irregularidades en los pagos efectuados a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el PSOE emitía un comunicado en el que aseguraba que dichos pagos están perfectamente acreditados contra justificantes de gastos reales presentados por sus ex secretarios de Organización. Además, hacían hincapié en cómo las cuentas del partido están anualmente aprobadas por el Tribunal de Cuentas y auditadas de manera externa.

Si bien la Guardia Civil ha conseguido identificar pagos concretos con la información declarada por el PSOE, también habría detectado, «dentro de las evidencias examinadas» otros tantos, en metálico, que habrían sido efectuados sin el correspondiente soporte acreditativo de los mismos, “ni información alguna sobre este particular”.

Tal es así que los agentes han destapado desajustes de cerca de 500 euros de diferencia entre lo percibido por Ábalos, cada vez que recibía una entrega, y los costes que realmente tuvo como parte de sus funciones, durante su etapa al frente de la Organización, algunos con un significativo incremento exponencial durante la pandemia, y que no habrían quedado totalmente acreditados en la relación documental aportada por los propios socialistas.

Un desfase que, así las cosas, en Ferraz sostienen que se explicaría atendiendo a la manutención del equipo que le acompañaba y que la UCO, como ya sospechaba la Fiscalía Anticorrupción, considera que responden a otro tipo de patrón. Un presunto sistema diseñado para el blanqueo de capitales opacos, como antesala de la financiación irregular del principal partido en el Gobierno, a través del reparto de ‘mordidas’.

Precisamente, esas comisiones ilegales entregadas por los empresarios de la presunta «organización criminal» que el juez Leopoldo Puente ya puso sobre la mesa en el auto de apertura de diligencias y en la imputación de Ábalos, buscaban la adjudicación de obras públicas a cambio que, a través de una ‘mano ancha’ de la gerencia del PSOE con los gastos de Ábalos, para dietas y desplazamientos, habrían sido transformadas en fondos de apariencia legal. O, lo que es lo mismo, la sede de Ferraz, a través de una contabilidad paralela, ingresaba el 100% de las cuantías de los «cupos territoriales» obtenidos de las licitaciones y los repartía entre algunos de sus dirigentes en una ‘simulación’ de reembolso de gastos.

Sin embargo, de ese monto total, los destinatarios, presuntamente, debían reintegrar a su partido la parte previamente pactada, quedándose otra, y la forma más discreta de hacerlo sin levantar sospechas era reintegrarla en forma de donaciones voluntarias que, a partir de entonces, ya quedaban bajo el radar del fisco.