El Gobierno cree que los correos de la asesora de Begoña Gómez muestran que “no hay nada” y la Fiscalía sostiene que la “ayuda” que Cristina Álvarez pudo prestar “ocasionalmente” a Begoña Gómez no constituye malversación. Es más solicita al juez Peinado que cierre la causa contra ella y los otros imputados.

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la pieza separada donde el juez Juan Carlos Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez, al considerar que la “ayuda” que “ocasionalmente” pudiera prestar ésta a la esposa de Pedro Sánchez no constituye un delito de malversación. Así se pronuncia el fiscal en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el pasado sábado, cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid citó a las partes para comunicarles, tanto a ellas como al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que si son juzgados por malversación lo hará un jurado popular.

En esa comparecencia, a la que los imputados no acudieron personalmente sino representados por sus respectivos abogados, el fiscal ya abogó por el archivo, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, posición que reitera en este escrito.

Sobre Gómez, subraya que “no ostenta la condición de funcionario público a los efectos del artículo 24 del Código Penal”, según el cual tendrá dicha consideración “todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”, por lo que afirma que “no cabe considerarla sujeto activo del delito” de malversación.

A ello el representante del Ministerio Público suma que la mujer de Sánchez “no tiene facultades para la designación de dicho personal eventual ni para la supervisión de su actividad”.

LOS ‘EMAILS’ DE ÁLVAREZ

El fiscal alude a los correos electrónicos aportados por el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio con Álvarez, que revelan que ésta envió más de 100 con “gestiones” para la cátedra que codirigía Gómez, según un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al respecto, el fiscal esgrime que Álvarez ha “cumplido las funciones que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual, sin que, por otro lado, haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente desempeñar ningún menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos”.

“No ha existido en la actuación que abordamos un detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público por el hecho de enviar los correos electrónicos a terceros en nombre o por cuenta de Begoña Gómez”, asevera.

Además, incide en que el nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez, el 16 de julio de 2018, “siguió los cauces legalmente previstos, existiendo propuesta de nombramiento de fecha 11 de julio del vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y acuerdo de nombramiento posterior (…) del subsecretario de dicho departamento ministerial”.

En cuanto a Francisco Martín Aguirre, dice que “no se advierte la imputación racional de actuación concreta de ningún tipo en relación a los hechos indicados, más allá del hecho de haber desempeñado cargos públicos en el Ministerio de la Presidencia en las fechas indicadas”.

El Gobierno, en boca de su portavoz, Pilar Alegría, ha defendido que los correos en los que la asesora de Begoña Gómez asistió a la mujer del presidente del Gobierno en la cátedra que esta dirigía en la Universidad Complutense de Madrid muestran que “no hay nada” en la instrucción sobre presunta malversación. “No hay nada porque no hay nada que encontrar”, ha afirmado Alegría, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acerca de los 121 correos que la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, intercambió con la Complutense entre 2021 y 2024 respecto a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en el centro.

El Ejecutivo ha destacado que estos mensajes fueron enviados desde una cuenta personal de Álvarez, “de Gmail”, y que “en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno”.

“Sabemos lo que ya sabíamos: que no hay nada. Sabemos y somos perfectamente conscientes de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y se demostrará lo que ya sabíamos: que Begoña Gómez es inocente”, ha recalcado Alegría.

La portavoz de Gobierno y ministra de Educación también ha aludido a la posición adoptada por la Fiscalía, que en su último recurso ha insistido en que no hay indicios de que ni Begoña Gómez ni incurrieren en un delito de malversación. A juicio del Gobierno, la instrucción de Juan Carlos Peinado, que “ha ido mutando en el tiempo” se encuentra en el mismo punto que hace año y medio, sin hallar “nada”.

El Ejecutivo se ha referido además al informe de la Intervención General de la Administración del Estado que detectó “fraude de ley” en la adjudicación de dos contratos de Red.es a una compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, que tuvo una carta de recomendación firmada por Begoña Gómez. Alegría ha dicho que las irregularidades observadas en ningún caso implican “delito alguno”.

“En ningún caso se ha observado ningún tipo de anomalía ni se ha cuestionado el sistema”, ha recalcado Alegría, respecto a un informe que obra en manos de la Fiscalía Europea, que investiga al empresario Barrabés y a un directivo de Red.es por la adjudicación de contratos que fueron financiados con fondos europeos.