Protestas en Epping.

La presión ciudadana ha obligado al Gobierno británico a mover ficha. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha anunciado que la Policía deberá proporcionar información sobre la nacionalidad y la situación migratoria de los sospechosos de delitos graves, especialmente en casos de agresiones sexuales, ante el creciente malestar por la gestión de la inmigración ilegal en el país.

La decisión llega tras la presunta violación de una niña de 12 años en Nuneaton, por parte de dos hombres cuyo estatus migratorio fue ocultado por las autoridades. La omisión desató protestas y acusaciones de encubrimiento por parte del líder de Reform UK, Nigel Farage, quien denunció la falta de transparencia de la Policía de Warwickshire.

«Creemos que debe haber transparencia. Pensamos que debería proporcionarse más información, incluida la relativa a nacionalidad y cuestiones de asilo«, ha declarado ahora Cooper en la BBC. La ministra ha adelantado que el Gobierno está elaborando una nueva guía legal para que las fuerzas policiales puedan comunicar estos datos al público sin entrar en conflicto con la legislación vigente.

Desde Downing Street, un portavoz del primer ministro ha remarcado que todas las autoridades deben ser «lo más transparentes posible» cuando se trate de delitos como violaciones o agresiones sexuales. Fuentes gubernamentales admiten —por fin— que la divulgación de esta información puede ser crucial para reconstruir la confianza pública.

En la actualidad, las directrices del Colegio de Policías no obligan a revelar ni el origen ni el estatus migratorio de los acusados. De hecho, la Policía de Warwickshire defendió su silencio alegando que se atienen a dicha normativa. Sin embargo, el Colegio ha reconocido ahora que la guía está siendo revisada, debido a la tensión social y al aumento del riesgo de desórdenes.

La tensión migratoria, en su punto más alto

El caso de Nuneaton se suma a un clima de creciente descontento por el uso de hoteles para alojar a solicitantes de «asilo«. Esta semana, varios grupos han convocado protestas bajo el lema No Asylum Day frente a al menos ocho hoteles repartidos por el país. El Ejecutivo teme que el malestar se traduzca en disturbios en las próximas jornadas.

Mientras tanto, el Gobierno británico ha anunciado que los primeros inmigrantes que serán deportados a Francia bajo el nuevo acuerdo de devoluciones aprobado por la Comisión Europea serán detenidos esta misma semana.

Desde el Ejecutivo reconocen que la falta de información alimenta teorías y desconfianza. En un momento de máxima tensión por la inmigración ilegal, el encubrimiento —incluso parcial— puede ser percibido por la opinión pública como una traición institucional.

La Comisión de Derecho ya está revisando las leyes sobre el desacato judicial, con el fin de permitir a la Policía divulgar más información sin comprometer los procedimientos penales. El informe con la decisión se espera para el próximo mes.

Con más de 25.000 cruces de inmigrantes ilegales del Canal registrados en tiempo récord este año, y el país al borde de un nuevo estallido social, el Gobierno parece haber comprendido —tarde— que el silencio no es neutralidad, y que la transparencia es ya una cuestión de supervivencia democrática.