Durante la semana pasada les contamos las historias de Carmen, Josefina, Federico, Elena, José María, Víctor, Rosa, Rogelio y Jesús, todos ellos jubilados y con inquiokupas, que han visto lastrado su retiro laboral por las deudas, muchos de ellos teniéndose que volver a poner a trabajar para poder saldarlas.

Algo que también denunciaba el ciudadano sueco Per, que narraba su desesperación ante la inacción del Gobierno y con la legislación española ante los okupas de su edificio.

Este es el escudo social del Gobierno, cargando a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda. Y como era de esperar, los españoles empiezan a cansarse. ¿Recuerdan lo ocurrido en Cancienes hace unos meses? Un hombre decidió okupar una vivienda, pese a que la casa estaba cerrada por riesgo de derrumbe. Los vecinos, hartos de los altercados que provocaba el okupa, y viendo que nadie ponía solución, tapiaron la vivienda con el okupa dentro.

La solución funcionó y el okupa llamó a la Policía para que le ayudaran a abandonar la vivienda. Por lo que la estrategia fue copiada en Alguazas, un municipio en Vega Media del Segura, con apenas 10.000 habitantes consiguió echar a 100 okupas sin intervención judicial, ni burocracia, ni chantajes.

El modelo funciona y se está extendiendo por toda la península en una revuelta ciudadana contra la okupación.

Empezamos por Palma, la Policía Local ha participado en la liberación de un hombre de 57 años que okupaba un recinto vallado en la barriada del Coll d’en Rabassa, después de que el gestor decidiera soldar la barrera de entrada.

El hombre contó a los agentes que residía en el solar desde hacía casi un mes y que, al escuchar el ruido de una soldadora, vio a un operario, acompañado de un vigilante de seguridad, que sellaba el acceso. Según el responsable de la gestión del solar, él no sabía que ahí vivía nadie y reconoce que soldó pensando que estaba vacío. Aunque el operario sostiene que le informó de la presencia de una persona en el interior.

Seguimos en Alcossebre (Castellón), un chalet de primera línea de playa. Un hombre la compró con la idea de hacerle una reforma antes de usarla, pero el Covid-19 cambió sus planes y pospuso las obras. Sufrió una okupación que duró poco tiempo, pero más tarde apareció otro okupa: «El tipo tenía una jeta tremenda. Llegó con un camión de mudanza, con todos sus muebles. Se montó hasta un chill out en la terraza». «Tenía alarma instalada, internet, nevera doble, varias teles de plasma y un enorme sofá chaise longue blanco. Vivía como un rey».

Pese a no escatimar en gastos, el okupa se enganchó a los suministros, lo que hizo que el propietario se diera cuenta de la okupación. El dueño acudió para negociar, pero el okupa se negó a irse. Fue entonces cuando el propietario se alojó en un hotel cercano a la espera de que el okupa abandonara la vivienda. Los vecinos le avisaron y se presentó con su pareja y un par de albañiles con grandez mazas, dejando el chalet en tan solo la estructura.

«Los dos obreros derribaban las paredes de abajomientras la pareja tiraba todo por la ventana», relatan testigos a varios medios. «Si quieres seguir en mi casa, vas a tener que dormir sobre los escombros».

Nos vamos a Santovenia de Pisuerga, un pueblo de la provincia de Valladolid donde los vecinos han decidido implantar vigilancia ciudadana 24 horas al día. Tras un intento de okupación, el propio Ayuntamiento se organizó con los vecinos para llevar la medida a cabo. «Santovenia NO SE OCUPA, y este Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para impedir la ocupación. ¡Somos un pueblo unido y juntos podemos con todo! Se ruega a los vecinos que ante cualquier actitud sospechosa se pongan en contacto con el Ayuntamiento».

Por último, tenemos la solución de Galapagar, en Madrid, creando una oficina municipal ‘antiokupación’. Desde el ayuntamiento aseguran que no pueden «permitir que la sensación de impunidad siga creciendo». Por ello quieren «que Galapagar sea un ejemplo de cómo combatir este problema con herramientas eficaces». Así, la localidad madrileña -donde recordemos vivían Irene Montero y Pablo Iglesias, legalmente, por supuesto- ha puesto en marcha un censo de viviendas en riesgo, donde identificará inmuebles deshabitados o vulnerables para incrementar su vigilancia. «La colaboración con bancos es clave. Muchas viviendas okupadas son propiedades embargadas».

Sin embargo, la medida que más ha dado que hablar es el llamado sistema ‘antiokupas’. Según una nueva normativa, todas las casas deberán tener cerraduras reforzadas, puertas blindadas o sistemas de videovigilancia. El objetivo es ahuyentar posibles ‘okupas’.

El municipio quiere hacer de Galapagar «un territorio hostil para ellos», por lo que han aumentado las patrullas y se han llegado a acuerdos con empresas suministradoras de luz, agua y gas para poder cortar de inmediato los suministros de pisos okupados’.

Como en España la izquierda logró que la policía no pueda hacer nada contra los okupas, hay empresas que los desalojan dándoles dos opciones, o se van por la puerta o los tiran por la ventana.

Hay empresas que los desalojan dándoles dos opciones, o se van por la puerta o los tiran por la ventana.