Agentes de la UCO entran en la sede del PSOE en Ferraz

Mientras los casos de corrupción acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez, el informe anual sobre el Estado de derecho elaborado por el Ejecutivo comunitario asegura que “las licitaciones públicas, la financiación de partidos y los proyectos públicos de infraestructuras son sectores clave de alto riesgo de corrupción” en nuestro país.

En el informe del año pasado, tan solo el 21% de las empresas españolas manifestaban este preocupación, lo que supone casi el doble.

Según recuerda este texto, el Cuadro de Indicadores del Mercado Único y la Competitividad sobre el acceso a la contratación pública en España concluye que un 33 % de la ofertas en 2023 fueron individuales mientras la media de la UE es del 29 %.

Además, El 61 % de las empresas percibe el nivel de independencia del órgano de revisión de la contratación pública (Tribunal Administrativo Central de Recursos de Contratos) como muy o bastante bueno y el mayor número de denuncias (64,25% de las reclamaciones)se producen en los contratos de servicios.

Según explica el documento del Ejecutivo comunitario, “Las principales causas de quejas y comunicaciones en materia de contratación pública son las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, seguidas de las presuntas prácticas corruptas, las quejas relacionadas con la ejecución del contrato y, finalmente, los problemas relacionados con el uso de la subcontratación”

Además, este texto también asegura que “la financiación de los partidos políticos sigue siendo un área de alto riesgo, y no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”.

El informe recuerda el plan aprobado en el sector sanitario, pero también asegura que” las partes interesadas destacan que no propone medidas suficientemente concretas para mitigar los riesgos”.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, Bruselas recomienda “intensificar los esfuerzos para abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales, con el fin de aumentar la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal” e “impulsar el proceso legislativo para fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, incluyendo el fortalecimiento de la independencia y la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses”

En otros ámbitos, Bruselas recomienda a nuestro país “continuar los esfuerzos para fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía” e “impulsar el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces miembros del Consejo del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre Consejos del Poder Judicial”.

Después de que la renovación del órgano de Gobierno de los jueces fuese posible gracias a la mediación del Ejecutivo comunitario, Bruselas insiste en una reforma en la que al menos la mitad de los jueces sean elegidos por sus pares.

El Ejecutivo comunitario también insta a nuestro país a “continuar el proceso de adopción de legislación sobre lobby, incluyendo el establecimiento de un registro público obligatorio de lobbyistas y “avanzar en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales”.